Tras las denuncias conocidas por el presunto abuso sexual de militares a indígenas menores de edad en el departamento del Guaviare en 2019, la Fiscalía envió a la zona una comisión especial.

La investigación fue conocida inicialmente por el medio internacional Univisión, que indagó cómo funciona esta transacción de sexo por comida entre militares y menores de edad integrantes de las comunidades indígenas Jiw y Nukak.

“Las instalaciones militares limitan con los territorios indígenas. La destrucción de la selva, el desplazamiento forzado y otras agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares crearon una crisis alimentaria dentro de las comunidades indígenas. Ante la desesperación, los indígenas se acercan a los cuarteles en busca de comida. En ese momento, se produce el intercambio de sexo por comida”, informó el periodista Gerardo Reyes en uno de los apartes de la investigación.

Tras conocer estos hechos, el ente investigador afirmó que la comisión especial está conformada por fiscales, investigadores, médicos forenses y demás experticias necesarias, para poder establecer la ocurrencia de los mismos. “Fueron enviados a la zona para poder lograr la identificación e individualización de quien pudo haber cometido un delito contra la integridad sexual de la menor indígena”.

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Más pronunciamientos

La situación es tan grave que desde su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación, aludiendo que desde 2019 la Fiscalía inició investigación contra 118 miembros del Ejército colombiano por presunto abuso sexual de niños indígenas en San José del Guaviare, y confió en que avancen las investigaciones para tomar las medidas pertinentes.

“¿Hay una dignidad de la Patria? ¿Hay una dignidad de la madre tierra? Sí y mil veces sí. La dignidad de sus mujeres y de sus niñas que nadie debe mancillar”, agregó el primer mandatario.

Al respecto, también se pronunció la Procuraduría General de la Nación, que solicitó a seis entidades del Guaviare para que en cinco días “informen las acciones adelantadas entre 2019 y 2022, para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias Jiw y Nukak, víctima de explotación y violencia sexual”.

“El ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias Jiw y Nukak que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso, incluyendo cifras, población beneficiada e impactada y responsables de las acciones desarrolladas”, expresó el ente de control.

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Incluso, según los casos más graves documentados por las entidades como la Policía y la Personería, se habla del abuso sexual de un militar extranjero a una menor de 10 años cuando estaba en comisión en ese municipio.

“Es una situación muy compleja que escapa de las entidades locales. Esta situación se ha presentado hace muchos años, simplemente que hasta ahora está escalando a nivel nacional gracias a los medios, pero esta problemática sí lleva bastantes años en el departamento”, expresó la funcionaria.

Sobre la situación que se vive en el Guaviare, la personera dijo que niños, principalmente de las comunidades indígenas Jiw y Nukak “se ven por la zona céntrica del puerto y el malecón. Allí sufren de abusos sexuales, de condición de calle, de explotación sexual, de mendicidad y de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en la inhalación de pegante o bóxer, que les quita el hambre y los desinhibe”.

En lo que respecta al abuso sexual, aseguró que cerca al resguardo indígena de los Jiw está la base militar el Barrancón.

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Para entender un poco por qué suceden estos casos, la vocera del Ministerio Público explicó que el principal factor se debe a la pérdida de su territorio. Según expresa, “de alguna manera esto ha ocasionado que hoy en día estén perdiendo sus costumbres, sus tradiciones y que se esté perdiendo todo el tema alimentario y exista desnutrición, desarraigo y diferentes factores surgidos”.

Incluso, sobre el tratamiento de los niños y adolescentes consumidores de sustancias alucinógenas, señaló que estos menores deben ser trasladados hasta Villavicencio, a cuatro horas de trayecto, debido a que el municipio no tiene centros de rehabilitación; y allí intentar salvarlos del consumo, en varios casos sin éxito.

Por esto, la personera aseguró que esta es una situación tan compleja que ya se escapa a las autoridades locales y, por lo tanto, es necesaria la articulación de las autoridades para actuar en diferentes factores y con diferentes instituciones locales, regionales y nacionales.

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