El Consejo de Estado emitió este viernes un fallo que evitó que el Estado colombiano perdiera $46 billones, en un caso que involucraba a la Oficina de Tránsito y Transporte de Sampués, Sucre, acusada de operar ilegalmente y de sancionar de forma injusta a conductores.

Según los demandantes, las multas impuestas por esta oficina carecían de fundamento legal y violaban los derechos de los afectados, lo que los llevó a presentar la demanda buscando millonarias indemnizaciones.

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Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de las pruebas, el Consejo de Estado concluyó que la Oficina de Tránsito y Transporte de Sampués actuó dentro del marco legal y que las sanciones impuestas a los conductores correspondían a infracciones de tránsito válidas.

Además, el alto tribunal determinó que varias de las pretensiones de la demanda habían sido presentadas fuera del plazo legal permitido, lo que llevó a declarar la caducidad de parte del proceso.

El fallo, emitido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, representa un alivio significativo para las arcas del Estado, al evitar el pago de millonarias indemnizaciones que habrían afectado gravemente las finanzas públicas.

Este caso, considerado el tercer más cuantioso que enfrentaba el Estado colombiano, fue objeto de una intensa disputa judicial debido a la magnitud de los recursos reclamados y a la naturaleza de las acusaciones.

César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, destacó la importancia del fallo para proteger los recursos públicos y reafirmar la autoridad de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas de tránsito.

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“Este fallo no solo representa una victoria financiera para el país, sino que refuerza la legalidad de las actuaciones de las instituciones encargadas de regular el tránsito”, afirmó Palomino.

El proceso judicial, que involucró a otras entidades gubernamentales como el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría General de la Nación, estuvo marcado por la complejidad de las acusaciones y la pluralidad de actores implicados.

Según el Consejo de Estado, la demanda no logró probar que las actuaciones de la Oficina de Tránsito de Sampués fueran ilegales, lo que permitió que la justicia fallara a favor del Estado.

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