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Colombia y Brasil piden publicar actas del proceso electoral en Venezuela
En un comunicado conjunto, los mandatarios afirmaron que los resultados solo serán considerados creíbles una vez se publiquen las actas correspondientes a la jornada del 28 de julio.
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Colprensa
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Sábado, 24 de Agosto de 2024

Luego de la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de validar el triunfo de Nicolás Maduro como presidente, los gobiernos de Colombia y Brasil se manifestaron al respecto. Ambos mandatarios decidieron no reconocer el resultado y, en su lugar, pidieron la publicación detallada de las actas del proceso electoral para garantizar una verificación confiable de los resultados.

En un nuevo comunicado conjunto, enfatizaron que la transparencia en la publicación de los datos es crucial para restaurar la credibilidad del proceso electoral.


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El comunicado confirmó que los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil mantuvieron conversaciones durante los últimos días para abordar la situación política del vecino territorio.

Ambos mandatarios coincidieron en que la normalización política en Venezuela solo puede lograrse a través del diálogo pacífico y la convivencia democrática, mientras solicitaron a todas las partes evitar actos de violencia y represión.

Colombia y Brasil reiteraron su solicitud al Consejo Nacional Electoral para que publique las actas desglosadas por mesa de votación, en cumplimiento del espíritu de transparencia de los Acuerdos de Barbados.

“Brasil y Colombia toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sobre el proceso electoral. Reiteran que continúan a la espera de la publicación, por parte del CNE, del acta desagregada por sección de votación. Y recuerdan los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición a través de la firma de los Acuerdos de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado”, se lee en el comunicado.

Finalmente, los gobiernos se opusieron a las sanciones unilaterales, considerándolas contrarias al derecho internacional y perjudiciales para los sectores más vulnerables de la población en los países afectados.

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