El Consejo de Estado admitió este lunes una tutela contra el presidente, Gustavo Petro, presentada por Stefan Bravo Martínez, representante de la veeduría ciudadana "Antioqueños por Colombia - Abogados por la Verdad", debido a una supuesta vulneración de derechos fundamentales tras las declaraciones del mandatario sobre la compra del software espía 'Pegasus'.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado vinculó también a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa en el proceso.
Según la orden del alto tribunal, el presidente Petro tiene un plazo de dos días para rendir un informe sobre los hechos mencionados en su alocución del pasado 4 de septiembre, en la que denunció la supuesta compra del software durante el gobierno de Iván Duque.
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Bravo Martínez aseguró que el presidente vulneró sus derechos fundamentales "a la vida, a la libertad de expresión, a recibir información veraz e imparcial, y a la honra", al haber revelado información confidencial sin pruebas concluyentes sobre la adquisición de 'Pegasus'.
Según el accionante, estas declaraciones han afectado tanto su honra como la de quienes se encuentran mencionados de manera implícita en la denuncia pública de Petro.
En su alocución, el presidente Petro afirmó que altos funcionarios del gobierno anterior habrían utilizado recursos "oscuros" para comprar el software espía con el fin de vigilar a ciudadanos que protestaban y, posiblemente, para espiar a su partido de oposición. "Quizás grabaron por meses las reuniones del principal partido de oposición: el mío", señaló el jefe de Estado.
Como consecuencia de estas denuncias, el 23 de septiembre se oficializó la suspensión de Colombia del Egmont Group, una red internacional de cooperación entre unidades de inteligencia financiera que lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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La respuesta de Petro
El presidente Gustavo Petro se pronunció desde su cuenta de X tras conocer que el Consejo de Estado había aceptado la tutela en su contra.
“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano”, indicó.
Luego, el jefe de Estado agregó que se debe respetar su llegada a la Presidencia, pues fue democrática.
“El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”.
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