La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, mantuvo en firme el llamado a juicio por el presunto delito de cohecho impropio contra los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras rechazar los recursos de reposición de las defensas, negar la solicitud de casa por cárcel de Manrique y desestimar la impugnación de Manzur contra su medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La reelegida representante a la Cámara por la circunscripción especial de Paz de Arauca permanecerá recluida en el Batallón de Ingenieros de Combate N°2 General Francisco Javier Vergara Velasco, en el municipio de Malambo, Atlántico, luego de que la Sala rechazara la solicitud de su defensa para acceder al beneficio de prisión domiciliaria.

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Manrique se entregó a las autoridades el 12 de marzo en el municipio de Tame, Arauca, un día después de que la Corte Suprema ordenara su captura, tres días después de asegurar su reelección con 5.640 votos. Su detención activó la figura de la silla vacía, que impide que otro miembro de su lista o partido asuma la curul, dejando a Arauca sin representación durante la legislatura.

La congresista había recusado a los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, así como a la magistrada Cristina Lombana, quienes votaron a favor de enviarla a la cárcel, alegando vulneraciones al debido proceso y que ni siquiera se leyeron los más de mil folios del expediente. La Sala rechazó esas pretensiones. Su abogado, Andrés Garzón, anticipó que Manrique "no va a aceptar los cargos, no va a confesar" y que la estrategia se concentrará en "demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito".

Sobre los pasos siguientes, la Corte precisó que "su defensa puede reponer ese punto que es un hecho nuevo" y advirtió que "si no presentan el recurso de reposición la decisión queda en firme y pasa a la Sala de Primera Instancia", y que de presentarlo "toca resolverlo antes de enviarlo a juzgamiento".

Manzur permanece en la Escuela de Carabineros

El senador electo del Partido Conservador Wadith Manzur continuará recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Su defensa argumentó un trato diferencial entre los acusados, al señalar que la Sala decidió enviar solo a dos de ellos a la cárcel pese a que las condiciones que sustentaron la medida "les aplican a los demás" investigados que enfrentan el proceso en libertad.

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El equipo jurídico de Manzur también recusó al magistrado Héctor Alarcón por supuestas "anomalías valorativas" en su postura, al señalar que cambió su voto entre dos decisiones del proceso: en la determinación del 24 de julio de 2025 votó en contra de imponer medida de aseguramiento, mientras que el 11 de marzo respaldó la acusación y el envío a la cárcel sin que, según la defensa, existieran pruebas sobrevinientes.

Otro alegato planteó que el magistrado avaló inferencias sobre la existencia de una organización criminal para sustentar el peligro para la comunidad, pese a que la propia Sala había concluido en 2025 que no existían elementos para inferir vínculos de los investigados con estructuras criminales. Esa recusación también fue rechazada. Manzur aseguró, tras su entrega al CTI, que asumirá el juicio con "la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley" y reiteró que las acusaciones responden a su posición técnica en los proyectos de crédito y a su rol como opositor del Gobierno.

El origen del expediente

La justicia señaló a los entonces integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de negociar contratos de la Ungrd en Córdoba, Bolívar y Arauca a cambio de apoyar los créditos que solicitaba la Nación a través del Ministerio de Hacienda, encabezado en ese momento por el imputado Ricardo Bonilla. Según la providencia, "en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar".

Las pruebas recolectadas determinaron que el desvío de recursos generó un costo al erario de 92.000 millones de pesos. Por esos mismos hechos, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco permanece en prisión desde diciembre de 2025, mientras que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedó en libertad el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos, aunque continúa vinculado al proceso penal.

Una pieza probatoria central fue la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y colaboradora de la justicia, quien ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez relató el intercambio de mensajes con los investigados: "Yo se lo envié (información) al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp".

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El caso comenzó a tomar relevancia pública en febrero de 2024 con denuncias por sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para suministrar agua en La Guajira, y avanzó con la confesión de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd.

El senador liberal Juan Pablo Gallo desestimó las visitas a las instalaciones de la Ungrd y afirmó que "quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir". La senadora conservadora Liliana Bitar negó la intermediación en contratos a cambio de votos: "No he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad". El representante Julián Peinado señaló que mantuvo un comportamiento "transparente en cada una de mis actuaciones".

Las defensas cuestionaron el carácter delictivo de las gestiones ante el Gobierno al sostener que la búsqueda de proyectos regionales hace parte de las funciones parlamentarias, planteamiento que replicó los argumentos de los magistrados disidentes César Reyes y Marco Antonio Rueda.

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