La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por haber conformado y liderado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Con esa decisión, el máximo tribunal penal cerró el último recurso que le quedaba al ganadero antioqueño y dejó su responsabilidad en firme.
La diferencia no es menor. Mientras el fallo podía revisarse, Santiago Uribe seguía en libertad amparado por la presunción de inocencia. Ahora que la condena quedó en firme, procede la orden de captura para que empiece a cumplir la pena.
Al confirmar el fallo, la Corte dio por probado que Uribe fue el jefe de una estructura armada que operó en el norte de Antioquia durante los años 90. Según había establecido el Tribunal Superior de Antioquia en la condena de 2025, ese grupo se dedicó a la "limpieza social": asesinó de forma sistemática a personas señaladas como indeseables o como presuntos colaboradores de la guerrilla.
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El centro de operaciones era la hacienda La Carolina, en los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal. Desde allí, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se planearon los crímenes, se entrenó a los hombres y se repartieron las armas.
A la organización se le atribuyen, según registros judiciales, más de 300 asesinatos selectivos, además de desplazamientos y desapariciones en la región. Por eso la justicia ordenó investigar la posible responsabilidad de Uribe en todas esas muertes presuntamente cometidas por el aparato que dirigió.
Aunque al grupo se le imputan decenas de muertes, la condena por homicidio se concretó en un solo caso: el de Camilo Barrientos. Era un conductor de chiva asesinado el 25 de febrero de 1994 en la ruta entre Yarumal y Campamento.
Según el fallo, Uribe recopiló información sobre las supuestas actividades subversivas de Barrientos y ordenó su muerte. La ejecución material recayó, de acuerdo con el expediente, en agentes de la Policía vinculados al grupo.
El caso dio un giro completo en pocos años. En noviembre de 2024, un juzgado especializado de Medellín absolvió a Santiago Uribe de todos los cargos en primera instancia.
La Fiscalía apeló esa decisión y logró revertirla. El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo condenó a 28 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en concurso con delitos de lesa humanidad.
Ese mismo fallo le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 años y le negó la prisión domiciliaria.