Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que el Gobierno convirtió en gestor de paz, sufrió un revés en la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles la Sala de Casación Penal resolvió un recurso que terminó por ratificar la negativa de su libertad.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia está libre desde el 10 de julio, cuando el Inpec le entregó la boleta de salida de la cárcel La Picota.

Sin embargo, la previa a su excarcelación estuvo desbordada en recursos y maniobras jurídicas con las que sus abogados pretendían desenredar el nudo legal que lo mantenía preso.

Uno de esos recursos –y que este miércoles resolvió la Corte– se remonta a principios de este 2024. Sus abogados pedían la libertad y argumentaban que el exparamilitar había sido designado gestor de paz por el Gobierno. Pero, entonces, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla negó la libertad.

En la decisión, los magistrados le recordaron al exjefe paramilitar las deudas pendientes con las víctimas en el Colombia: tenía 60.000 hechos criminales por los que no había respondido. La decisión de sus abogados fue apelar ante la Corte e intentaron buscar la libertad por otros medios.

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La decisión de este miércoles le dio la razón al Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

“Debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DD. HH., lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas” afirmó la Sala.

La Sala criticó el hecho de que Mancuso no tenga “límite” de tiempo para desempeñar sus labores de gestor de paz y afirmó que con ello se envía un mensaje equivocado a las víctimas.

“Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación”, se lee en el documento.

Aunque la decisión de la Corte es crítica con las funciones de Mancuso como gestor de paz del Gobierno, parece que no afecta la decisión que, en últimas, terminó por darle la libertad al excomandante de las AUC.

Luz Marina Zamora, también juez de Justicia y Paz, emitió el 4 de marzo pasado la decisión que dejó definitivamente en libertad al expramilitar.

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La magistrada, por petición de la defensa, acumuló todos los procesos que mantenían a Mancuso en La Picota, y profirió fallo a su favor: sustituyó 57 medidas de aseguramiento por medidas “no privativas de la libertad”. Su gestoría de paz –como argumento para su libertad– en esa decisión no estuvo en discusión.

¿Qué implica ser gestor de paz?

La designación del exparamilitar como gestor de paz implica que ahora puede ejercer como facilitador o intermediario entre grupos armados ilegales y el Gobierno Nacional con el propósito de lograr negociaciones, desmovilizaciones y hasta el sometimiento de los grupos criminales.

El mecanismo no es nuevo. Se reglamentó en 1997 a través de la ley 418. Allí quedó establecida la facultad del presidente para pedir la suspensión de los procesos judiciales de exmiembros de los grupos armados para que puedan mediar en el alcance de acuerdos humanitarios.

De hecho, el expresidente Álvaro Uribe hizo uso de la figura durante su mandato. Para entonces nombró gestores de paz a guerrilleros que estaban presos para que lograran la desmovilización de los entonces miembros de las Farc.

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