La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza clave del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016, enfrenta una encrucijada. Las sugerencias de la actual administración de cerrarla o transformarla, junto con la falta de recursos y los crecientes cuestionamientos sobre su efectividad, ponen en riesgo su misión de justicia transicional.

Víctimas, excombatientes y miembros de la fuerza pública que dependen de esta institución para sus procesos de justicia temen, según expertos, que la actual situación propicie un entorno favorable para la impunidad.

Recientemente, el comisionado para la Paz, Otty Patiño, desató un intenso debate sobre la continuidad de la JEP al afirmar que debían cerrarla. Aunque sus palabras fueron interpretadas por algunos como un indicio de un cierre inminente, Patiño aclaró: “No hay que acabarla, hay que irla cerrando”.

A pesar de que la JEP aún tiene un largo camino por recorrer, con aproximadamente 12 años de funcionamiento por delante, el contexto de sus declaraciones generó inquietudes entre quienes esperan verdad y restauración del Tribunal de Paz, especialmente entre las víctimas del conflicto armado.

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A esto se suman las denuncias del presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, quien exigió al Gobierno de Gustavo Petro que respete su autonomía y le garantice los recursos necesarios para su funcionamiento, pues, hasta el momento, la falta de recursos económicos ha sido una gran piedra en el zapato para esta jurisdicción.

Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos le pidió a las Altas Cortes que asumieran la imposición de algunos parámetros a la JEP, ya que necesita instrucciones para evitar “una actitud maximalista” en la aplicación de la justicia. Santos advirtió que, si la JEP continúa en esa línea, no cumplirá con los términos establecidos y terminará su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia.

No se puede cerrar la JEP de manera anticipada

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (Coljurista), destacó la importancia de respetar los términos del acuerdo.

“El acuerdo de paz establece claramente los tiempos para la JEP, y cualquier decisión de cerrar la jurisdicción antes de lo previsto sería inconstitucional”, afirmó Rodríguez, quien señaló que hay “muy altas expectativas” sobre lo que se espera de la JEP, reflejando una confianza en su capacidad para resolver problemas de impunidad que ha enfrentado Colombia durante décadas.

Sin embargo, advirtió que estas expectativas a menudo no se alinean con la realidad, lo que puede generar “malentendidos, cortocircuitos o tensiones”.

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Rodríguez también destacó que la jurisdicción ha estado realizando su labor, aunque ha habido reclamos por parte de comparecientes de las antiguas Farc, quienes consideran que el proceso ha tardado más de lo esperado.

Sobre la duración y el alcance de la JEP, Rodríguez sostiene que ya hay 11 macro casos abiertos, lo que demuestra la complejidad del conflicto armado colombiano. “El conflicto ha tenido una dimensión de afectaciones a la población civil enorme como para creer que era posible enmarcar todo en un único caso y en una única decisión”, explicó.

La jurista también subrayó la importancia de las sanciones restaurativas impuestas por la JEP. “Si no hay recursos para llevar a cabo estas sanciones, la jurisdicción perdería legitimidad y credibilidad. Además, se dejaría a las víctimas y a la sociedad colombiana sin reparar esos daños que se les causaron”, agregó.

Asimismo, reconoció que la entidad ha recibido informes valiosos y ha acreditado a numerosas víctimas, lo que refleja su compromiso con la justicia. “No hay que adelantarse a sacar conclusiones antes de tiempo. Lo que hay que hacer es asegurar que, en el tiempo que le queda, pueda contar con los recursos necesarios para continuar su labor”, concluyó Rodríguez.

Responsabilidad del Gobierno

Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), es contundente en su crítica al Gobierno actual, con respecto a los recursos de la JEP.

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“Si la JEP llega a quedar sin recursos, la culpa se centra y estaría en cabeza del actual Gobierno. No tendría presentación alguna y estaría el mismo Estado colombiano incumpliendo los acuerdos de paz”, afirmó Herrera, quien señaló que la falta de recursos para la entidad de paz sería un acto de complicidad con la impunidad.

La falta de recursos no solo afecta la capacidad de la JEP para operar, sino que también compromete su legitimidad. Las sanciones restaurativas, pieza fundamental del proceso de justicia transicional, dependen de que haya medios disponibles para que los comparecientes puedan cumplir con los compromisos que asumen, como la construcción de infraestructuras o el desminado.

Si el Estado no provee esos recursos, se corre el riesgo de que las sanciones no se cumplan, lo que, en palabras de Rodríguez, dejaría a las víctimas “sin una verdadera reparación”.

Herrera enfatizó que, si el Gobierno obstaculiza el funcionamiento de la JEP, esto lo convertiría en cómplice de las violaciones a los derechos humanos.

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