El próximo 20 de julio, el Gobierno radicaría el proyecto de reforma de los servicios públicos, el cual incluiría subastas de energía y estrategias que planteará la cartera de Minas y Energía para reducir el costo en la prestaciones de servicios, como en el caso de la energía, que ha sido ampliamente cuestionado, y con más fuerza en la región Caribe.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que han trabajado de la mano de los usuarios a través de asambleas, que buscan concretar propuestas no solo para optimizar la calidad de los servicios, sino también para replantear el tema de las tarifas, que incluso ha demandado debates en el seno del Congreso de la República, e innumerables reuniones con los gobernadores del Caribe.

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Lo último que se dio a conocer sobre este tema, es que el gobierno asumiría 20% de la opción tarifaria, es decir de las deudas acumuladas en el servicio de energía, desde el periodo de pandemia, cuyos costos fueron congelados mientras pasaba la emergencia sanitaria. Y que actualmente ha desbordado la capacidad de pago por parte de los usuarios del norte del país.

Sobre el proyecto de ley, que cursará a finales de julio en el Congreso, se conoce que en la regulación de los servicios públicos el presidente Petro tendría mayor participación, así mismo las obligaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, serían ajustadas.

La apuesta del Gobierno Petro, también hace referencia al crecimiento de la oferta de energía, y una de las formas de alcanzar ese objetivo para aumentar la exportación, es por medio del potencial de energía eólica offshore.

Con información de La República*

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