Hacia finales de 2026 se proyecta que la inversión social del Estado y los subsidios de servicios públicos dejen de ser asignados por medio de los estratos socioeconómicos. Ese sistema será reemplazado por el Registro Universal de Ingresos (RUI), cuyo decreto ya está abierto a comentarios y sería firmado por el presidente Gustavo Petro a mediados de este mes.

Se trata de un nuevo método que cambiará la forma en que los programas sociales del Gobierno identifican a los beneficiarios. Actualmente esto funciona por medio del sistema de estratificación y, también, por Sisbén.

Sin embargo, para nadie es un secreto que el Gobierno tiene problemas para hacer llegar esas ayudas a quienes en verdad las necesitan. Y es que, según el Departamento Nacional Planeación (DNP), 3,5 millones de hogares no pobres reciben subsidios en el país.

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Esto porque se incluyen personas de altos recursos en las ayudas; y se excluyen ciudadanos pobres al no ser correctamente identificados. Incluso, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Juan Miguel Gallego, sostuvo que con el nuevo sistema se espera que se redirijan unos $5 billones de subsidios de los servicios de gas, de acueducto y de alcantarillado, que están mal focalizados.

¿Cómo será dicha transición?, el decreto establece que será por etapas, en una primera fase de acondicionamiento, se definirán las fuentes de información que nutrirán los procesos de las personas que ya están identificadas en el Registro Social de Hogares (RSH). Esta fase finalizará en 2025. Luego vendría la implementación, que culminaría en 2026.

El DNP socializará y brindará asistencia técnica a todas las entidades que manejen programas de subsidios. Además, la clasificación en el RUI se hará a todos los ciudadanos con un documento válido en Colombia a partir de la estimación de los ingresos provenientes de la información de fuentes primarias que hagan parte del RSH, como los pagos al Sistema General de Seguridad Social, la liquidación del impuesto de renta y las declaraciones ante la Dian.

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Más grave

El error de implementación que viene ocurriendo hace décadas no se da solo en servicios públicos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y exdirector del DNP en el gobierno de Santos, aplaude la iniciativa, además porque cuando estuvo a cargo de esa entidad adelantó estudios al respecto e inició los cambios.

“Lo ideal de una política social es que los subsidios se entreguen a los más pobres, pero descubrimos que no era así. Los cálculos fueron que más o menos un 67% de las transferencias estaban llegando a personas que no eran pobres”, sostuvo Mejía.

Según datos de un estudio de Fedesarrollo, el 93,2% de las transacciones de los auxilios de vivienda terminan en los bolsillos de no pobres.

Mejía sostuvo que esto se debe principalmente a que hay una gran cantidad de familias de ingresos medios y altos que viven en estratos 1 y 2. Por esa razón, añadió que el sistema de estratificación ocasiona errores y el RUI es necesario para corregirlos e identificar mejor los ingresos de los ciudadanos.

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Con cuidado

Sin embargo, no todo es color de rosa y hay que tener bastante cuidado con su implementación. El director de Fedesarrollo advirtió que dos años es muy pronto para eliminar los estratos sociales, que es lo que proyecta el Gobierno.

Otra voz autorizada para opinar del tema es Alejandra Botero Barco, exdirectora del DNP en el gobierno de Iván Duque. La economista calificó el decreto como una “muy buena noticia” para el país, además porque se decidió continuar con el Registro Social de Hogares (RSH), que se estructuró en el anterior gobierno.

No obstante, dijo que no se trata de un cambio sencillo, ya que los ciudadanos y las empresas están acostumbrados al sistema de estratos, por lo que “es clave que la transición se haga de forma muy cuidadosa, sin que se corra el riesgo de generar más confusión y perder el impulso que termine por estancar la implementación en este gobierno”.

Lo cierto es que pronto Gustavo Petro firmará el decreto y comenzará la socialización. La necesidad del RUI es tal que los directores del DNP de Santos y Duque también trabajaron en el problema y aplauden su implementación en el actual Gobierno.

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