La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible al estado de emergencia económica, social y económica decretado por el gobierno de Gustavo Petro en La Guajira.

La determinación, que obtuvo seis votos a favor y tres en contra, no tendrá efectos inmediatos, sino que mantendrá algunos decretos reglamentarios en ejecución hasta el 2 de julio de 2024, cuando se cumpla un año de su entrada en vigencia. En ese período, la Corte no podrá reversar su providencia.

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La Sentencia C-383 de 2023, que tuvo ponencia conjunta de la magistrada Diana Fajardo y José Fernando Reyes, señala que concedía "efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua".

Eso significa que, mientras esta normatividad sale por completo del ordenamiento jurídico, seguirán vigentes los decretos que, en el marco de la emergencia, justificaron su publicación en el crecimiento del apuro en el departamento por, entre otros motivos, la sequía por el fenómeno de El Niño. La Corte luego advertirá si esos actos administrativos reglamentarios son constitucionales o no.

El estado de emergencia intentó justificarse en el agravamiento de la situación en la que se encuentra La Guajira. La Corte Constitucional, en ese sentido, exhortó al Gobierno y al Congreso para que "adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira". Es decir, sin necesidad de un estado de excepción las autoridades deben trabajar por esa región.

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La crisis fue constatada por el mismo alto tribunal en la Sentencia T-302 de 2017, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dad la grave vulneración de los derechos humanos a la que está expuesta la población wayúu. En esa resolución, la Corte llamó a adoptar medidas concretas y hoy lo ratificó al declarar inexequible al Decreto 1085.

La Corte, por último, instó al Gobierno y al Congreso a "que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático". En esa línea, pidió que "asignen los recursos que las circunstancias demanden".

A la decisión de la Sala Plena se opusieron las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo, así como el magistrado Juan Carlos Cortés. Aún no se conocen los motivos concretos de la decisión de la Corte Constitucional.

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