Una difícil situación de imagen y desconfianza ante los ciudadanos enfrenta la Policía Nacional desde hace algunos años. No obstante, desde el 9 de septiembre del año pasado, cuando a manos agentes de esa institución falleció el ciudadano Javier Ordóñez, se intensificó la problemática para la institución.

Este año, desde que inició el paro nacional también se registraron eventos de brutalidad policial a lo largo del país, por lo que, incluso, la CIDH recomendó al Gobierno Nacional separar a la Policía del Ministerio de Defensa, tras evidenciar un posible enfoque militar en el manejo de derechos humanos.

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La comisionada y presidente de ese organismo, Antonia Urrejola, aseguró que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”, e hizo un llamado para superar la polarización. “Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11 % de los eventos de protesta se derivaron en disturbios, la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos, tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo.

Un estudio del Observatorio de la Democracia, de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, encontró que solo en Bogotá la caída en la confianza en la Policía por parte de los ciudadanos pasó de 40,6 % en 2010 a 24,6 % en 2020. Mientras que la desconfianza en la institución, en cambio, asciende en 2020 a 56,3 %.  

En ese marco, la Policía presentó esta semana al que será el nuevo director de derechos humanos de esa Institución, el Coronel (r) Luis Alfonso Novoa, quien ocupará un nuevo cargo como respuesta a la ciudadanía a la violación de derechos a los ciudadanos.

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En conversación con COLPRENSA aseguró que la creación de este cargo es fundamental para el país, pues eleva de categoría una oficina que figuraba en la inspección general y que ahora tiene el nivel de dirección.

- ¿Cuál es la importancia de este nuevo cargo para la Institución, qué significa para la Policía?

La importancia del cargo es el nivel que le está dando el Gobierno y la Policía Nacional a los derechos humanos, porque derechos humanos era una dependencia de la inspección general y ahora es una oficina asesora con carácter de dirección, que depende del despacho del director general de la Policía Nacional y que facilita muchos procesos de orden político interno, pero también de recursos para poder hacer promoción y la defensa de los derechos humanos, al interior de la Policía Nacional, como parte del servicio que le brinda a los Colombianos.

Con esta dirección, cambian muchas cosas en la Institución, porque hay unos nuevos lineamientos que permiten fortalecer el trabajo en derechos humanos que se realiza aquí a nivel central, pero también en comandos de policía metropolitanos y los departamentos nacionales.

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Va a haber un desarrollo más amplio y un respaldo mucho más fuerte, porque hay más recursos y es una decisión interna, que sí o sí, nos fortalece para brindar a las poblaciones vulnerables un mejor servicio que garantice los derechos de los ciudadanos.

- La creación del cargo responde a todo el inconformismo ciudadano, para nadie ha sido un secreto que desde hace muchos años la imagen de la Policía va de picada, hay unos retos muy grandes. ¿Cómo va a enfrentar esos retos?

Si, la Policía ha venido trabajando el tema de derechos humanos, pero creo que el proceso de transformación también incide en esto. El proceso de transformación que se inició el año pasado, por parte del director general, tenía como eje el tema de derechos humanos. Pero, los últimos hechos y particularmente el 9 y 10 de septiembre del 2020 y lo que ha ocurrido en el presente año durante la jornada de protesta, creo que generaron la determinación de fortalecer, desde el punto de vista organizativo, el tema de derechos humanos en la Policía Nacional, creando esta dirección.

- ¿En qué se va a basar ese fortalecimiento, qué va a cambiar, qué había mal y qué aspectos tiene que mejorar la Policía con la creación de esta dirección?

Hay dos líneas estratégicas para fortalecer el trabajo en derechos humanos, la primera es el acercamiento con las comunidades, creemos que hay un alejamiento, en algunos casos ruptura y queremos tener una muy buena relación y un diálogo permanente con los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, con la población LBGTI, con los gremios y con la prensa. También queremos hablar con los jóvenes y la población universitaria.

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Queremos recuperar ese diálogo, de tal manera que podamos resolver los problemas de una manera muy civilizada, escuchándonos y que también nos escuchen, pero planteando soluciones que permitan una convivencia en medio de la exigibilidad de derechos, que normalmente la gente realiza. Creemos que hay escenarios que facilitan ese diálogo y no necesariamente son los escenarios donde haya una confrontación y un empleo de fuerza.

- ¿Ese diálogo ayudaría a recuperar la confianza que la mayoría de ciudadanos ha perdido en la Institución?

Sí, yo creo que el diálogo facilita muchas cosas. Escuchar al otro permite conocer lo que están pidiendo, pero también conocer los problemas que en territorio se presentan, a veces hay cosas que en el nivel central se desconocen, pero cuando uno acude a escuchar a las comunidades ya palpa la realidad y tener esa realidad tan tangible permite hacer soluciones concertadas y obviamente con las comunidades.

Yo vengo de Naciones Unidas, duré 10 años en esa oficina y obviamente nuestra tarea era esa, facilitar en ocasiones el diálogo entre el Gobierno y las autoridades, eso da resultado.

Entonces, ese es uno de mis propósitos, esa una primera línea de trabajo y aquí va a resultar supremamente importante el proceso y la mesa nacional de garantías, que es una mesa tripartita, de Gobierno, organizaciones de derechos humanos y comunidad internacional.

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Esta mesa surge en el año 2009, precisamente a raíz de agresiones y asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y tiene la gran particularidad de que de alguna manera recoge todas las organizaciones que hay en el país. Ya hay capítulos a nivel regional, hay mesas regionales de garantías y queremos que en ese escenario podamos tener una intervención y participación que nos facilite tener el pulso de lo que ocurre realmente en las regiones y qué es lo que se necesita fortalecer.

- Esta semana el Consejo de Estado emitió un fallo en donde ordena que el Esmad se capacite en derechos humanos, ¿ahí existe un problema?, ¿el Esmad no se está capacitando cómo debería? ¿en qué tienen que mejorar ustedes como Institución?

La decisión que tomó el Consejo de Estado en uno de sus apartes indica que se debe capacitar al Esmad en derechos humanos, de hecho, ellos vienen siendo capacitados, pero creemos que se debe fortalecer esa capacitación.

Yo mencioné el día que me estaba posesionando que vamos a incluir dentro de la doctrina del empleo de la fuerza que realiza la Policía y particularmente el Esmad, tres documentos que ha expedido el sistema de Naciones Unidas.

Uno de ellos es la observación general 37, que habla del derecho a la reunión pacífica en el desarrollo del artículo 21, del pacto de derechos civiles y políticos y esa observación general 37 del comité de derechos humanos, que facilitan que las autoridades político-administrativas, también tomen medidas preventivas.

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Así mismo, determinan la manera en que deben actuar los funcionarios de la fuerza de seguridad, en este caso la Policía, para garantizar el derecho a la protesta y para evitar que personas que cometen actos de violencia puedan ser neutralizas y que no se les permita estar en esa protesta, porque obviamente interfiere con quienes lo están haciendo de manera pacífica.

Queremos cuantificar a partir de esos tres instrumentos, que son la observación general, los 10 principios para el empleo de la fuerza y un instrumento de la Oficina de la alta Comisionada de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el empleo de armas menos letales en la gestión de la reunión pacífica.

- ¿Cómo van a hacer para que eso no quede solo en documentos, sino que se lleve a la práctica?

Todos esos lineamientos queremos incluirlos en la parte táctica, que es donde creemos que se debe fortalecer, porque una cosa es tener los documentos ideales dentro de la doctrina y otra la actuación que en la calle deben realizar los policías del Esmad o los policías de la vigilancia urbana y rural.

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Entonces, vamos a trabajar muy duro en la parte táctica, para que lo que se diseña como doctrina sea una realidad y minimizar de alguna manera esas intervenciones de fuerza que realiza hoy el Esmad.

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