Este jueves, con un encuentro en el Portal de las Américas, denominado en medio del paro como el Portal Resistencia, finalizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo presencia en Colombia para conocer la situación en el país en el marco del paro nacional.

Durante estos días, los comisionados visitaron Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga, escuchando las denuncias sobre violación de los derechos humanos, presuntamente cometidas por la Fuerza Pública y los reclamos de distintos sectores sobre el daño que han causado las manifestaciones.

“La CIDH se despide de Cali, después de dos días de importantes actividades; agradece a las autoridades locales, órganos del Ministerio Público y a la sociedad civil, la apertura para dialogar y entregar información en el marco de la visita de trabajo. Los comisionados Tania Reneaum  y Joel Hernández se reunieron con jóvenes de la Primera Línea en los espacios del Paso del Aguante y Meléndez”, dijo la CIDH.

Durante los 4 días de trabajo los comisionados también se reunieron con la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría. Así como con comunidades indígenas, manifestantes y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

La visión del Gobierno 

Durante la visita la última reunión de los comisionados de la Comisión se hizo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde el gobierno expuso su visión de los hechos.

“Nos sentimos muy satisfechos como estado colombiano por el reconocimiento explícito y reiterado que hicieron los comisionados a la fortaleza de nuestra democracia. La recomendación que nos han hecho en el sentido de seguir dialogando espacios de trabajo conjunto para preservar esta democracia y fortalecer las instituciones”, dijo la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Indicó que “ellos al igual que nosotros estamos muy adoloridos por las vidas que se han perdido en nuestro país. Totalmente comprometido el presidente Duque y el Estado de que se sigan haciendo las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre las circunstancias en que esas 21 personas que tristemente se han comprobado que fallecieron por causa de estas protestas. Esperaremos el reporte de ellos sus recomendaciones con el mayor interés y disposición para mejorar lo que esté a nuestro alcance para que el Estado siempre sea garante de la promoción y respeto a los Derechos Humanos”.

La vicepresidente y canciller aseguró que será el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, quien hará seguimiento de las recomendaciones y las investigaciones que realice la CIDH, “los órganos de control mostraron los protocolos para avanzar con las investigaciones todas esas investigaciones van a tener una prioridad y él va a estar informando de forma permanente en la evolución de la reforma a la policía y la mejora de la institucionalidad”.

Según se conoció, a través de un comunicado de la Cancillería, en el informe del Gobierno el ejecutivo destacó su iniciativa de diálogo, según dijo, “entre mayo y junio del 2021 se han adelantado 13 mesas exploratorias, en las que se han discutido las peticiones de garantías para la protesta. Así mismo, se han llevado a cabo 18 encuentros para avanzar sobre lo fundamental, con jóvenes, víctimas, altas cortes, empresarios, comunidades religiosas, entre otros actores”.

Entre los aspectos destacables del informe está “el trabajo específico con los jóvenes colombianos, se conformó la Comisión de Diálogo y Escucha a la Juventud; en Cali, se abrió un espacio de diálogo y de confianza; y el pasado 13 de mayo, el Presidente Duque anunció el “Pacto Colombia con las juventudes”, construido desde los territorios. Actualmente, se mantienen 202 mesas de escucha activa, con 5.273 participantes”, dice el documento.

Otros aspectos del informe  

Entre los datos que presentó el Gobierno se insistió en el daño que han causado los bloqueos desde el 28 de abril, las cifras gubernamentales aseguran que se han presentado 3.190 eventos que han afectado la libre movilidad a los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 311 municipios.

Según el gobierno, “a ello se suman los datos en materia de salud: 108 daños a ambulancias; 32 afectaciones a funcionarios; 16 retenciones de ambulancias, en 10 de los casos transportaban pacientes; 6 daños a infraestructura; 5 obstrucciones de vehículos que trasladaban insumos médicos; 4 muertes de pacientes; 3 hurtos de insumos médicos; 2 moras de remisión de pacientes; y 256 eventos de agresión a la Misión Médica”.

Y agrega que en materia de vandalismo ha habido 679 hechos de afectación en contra de instalaciones y bienes de la Policía Nacional. Daños a 151 infraestructuras gubernamentales: 28 peajes, 4 básculas de pesaje, 25 bienes culturales, 111 semáforos y 148 afectaciones a sedes de alcaldías, palacios de justicia, recinto del Congreso y gobernaciones.

En el balance entregado por el gobierno se destacó que durante el paro se han visto afectados “438 establecimientos comerciales, 456 oficinas bancarias, 1.201 vehículos de transporte público, 236 estaciones de transporte público, 21 motos particulares, 91 estaciones de servicio, 432 cajeros automáticos, 81 vehículos particulares y de carga, 2 instituciones religiosas, 1 hotel y 1 emisora”.

Frente a la actuación de la fuerza pública el gobierno indicó que hasta el momento se han abierto a nivel nacional 178 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias. De estas, 23 fueron asumidas por la Procuraduría.

Además “desde junio de 2020, bajo el liderazgo del Presidente Iván Duque, se ha impulsado un profundo proceso de transformación y rediseño en la Policía Nacional, que se materializó con la radicación del Proyecto de ley 364 en el Senado, que avanza en su trámite en el Congreso y que recoge peticiones de diferentes sectores ciudadanos, en aras de recuperar la confianza en la institución policial”.

La visita de la Alcaldía 

En el encuentro entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y los comisionados la Alcaldesa hizo entrega de un informe sobre las afectaciones a los derechos humanos durante las protestas, tanto de ciudadanos civiles como de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“La mandataria le pidió a la CIDH apoyo para lograr con celeridad la investigación, judicialización y reparación a las que haya lugar dentro de estas denuncias de civiles y de miembros de la fuerza pública afectados”, aseguró la alcaldía en un comunicado.

Según la alcaldía, en dicho informe también se da cuenta “de los ataques a la misión médica y a la infraestructura de la ciudad que afecta servicios esenciales para los habitantes de Bogotá y detalla la asistencia en salud, apoyo judicial y sicosocial, así como el acompañamiento para el restablecimiento de derechos que desde el primer día de las protestas la Alcaldía Mayor de Bogotá viene ofreciendo a los habitantes de la ciudad afectados en estas jornadas”.