La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, esto en el marco de la investigación por el escándalo de títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José, en Bogotá.
La diligencia quedó programada para el próximo 5 de agosto y cobija también a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de ese centro universitario.
El pasado 26 de marzo, la Fiscalía imputó cargos contra Juliana Guerrero dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta presentación de títulos académicos falsos.
Según la investigación, dichos documentos habrían sido utilizados para cumplir con los requisitos exigidos y así intentar acceder al cargo de viceministra de Juventudes.
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Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.
El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los anteriores documentos ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”, precisó la Fiscalía.
Según la imputación, Guerrero Jiménez habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos exigidos por la ley. A pesar de ello, decidió incluirlos en su hoja de vida para cumplir con las exigencias del cargo. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó la fiscal del caso.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, reveló en su momento facturas de la DIAN que demuestran que presuntamente Guerrero pagó aproximadamente 8 millones de pesos por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.
Las tres facturas (matrícula en gestión contable, matrícula en contaduría y derechos de grado) se emitieron después de que los títulos ya habían sido otorgados el 1 de julio de 2025, lo que sugiere una presunta operación de regularización académica ficticia.
En este caso, precisamente, se confirmó que el pago de Guerrero fue hecho directamente a la Fundación San José, como se observa en la factura siguiente, donde se muestra que el vendedor fue “Fundación de Educación Superior San José”.
Se confirmó que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio por ley para graduarse, y según testimonios de la propia universidad, nunca asistió a clases.
En noviembre de 2025, la institución educativa retiró formalmente los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable tras admitir las irregularidades.
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Ministerio de Educación formula pliego de cargos contra la San José
El Ministerio de Educación impuso medidas preventivas y sancionatorias contra la Fundación de Educación Superior San José. Entre estas hay cargos contra la rectora y el exsecretario general de la Fundación, relacionada con el escándalo de los títulos académicos que Juliana Guerrero presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad, para los que no habría cumplido los requisitos.
Los documentos en cuestión por los que la Fiscalía imputó a Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó.
Incluso, existirían otras presuntas irregularidades identificadas, según el Ministerio: expedición de títulos sin verificar todos los requisitos legales, publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.
Ahora, Mineducación aseguró que se les notificó acerca de posibles irregularidades en la expedición de títulos por parte de la institución desde principios de 2025. Y que, en el marco de sus funciones constitucionales de inspección y vigilancia, la entidad inició una etapa de indagación y recolección de la información.
En noviembre de 2025 se abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia que se adelanta por vía preventiva y sancionatoria.
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