Norte de Santander ha logrado dar pasos firmes en la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), especialmente mediante la articulación entre las autoridades sanitarias, las instituciones prestadoras de salud y los organismos de control. Sin embargo, las mujeres que viven en municipios apartados (Catatumbo) y la población migrante continúan enfrentando obstáculos que dificultan el ejercicio de este derecho.
Ese es uno de los principales hallazgos del informe "Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento", presentado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que desde hace más de 26 años trabaja por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia y que fue una de las impulsoras del movimiento Causa Justa, responsable de la Sentencia C-055 de 2022 que amplió el acceso legal al aborto.
Entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, la organización acompañó a 67 mujeres residentes en Norte de Santander, de las cuales 36 eran migrantes, una cifra que, según la entidad, refleja la necesidad de fortalecer la respuesta institucional en un departamento fronterizo que concentra una importante población venezolana.
Lea aquí: Descartan alianza entre uribismo y petrismo tras elección de Honorio Henríquez
Uno de los avances destacados en el informe es el trabajo desarrollado a través de la Mesa Técnica de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conformada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Instituto Departamental de Salud y la Defensoría del Pueblo.
Qué ha pasado en el país
Cuatro años después de que la Corte Constitucional ampliara el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante la Sentencia C-055 de 2022, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres concluye que el principal obstáculo para garantizar este derecho ya no es exclusivamente la norma, sino las barreras que aún enfrentan las mujeres dentro del sistema de salud.
La investigación recoge la experiencia acumulada durante dos décadas de orientación jurídica y acompañamiento a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, y evidencia que la información adecuada se ha convertido en la principal herramienta para ejercer este derecho.
La información reemplaza cada vez más los litigios
Entre el 22 de febrero de 2022, fecha en que entró en vigor la Sentencia C-055, y el 31 de diciembre de 2025, la organización acompañó a 2.532 mujeres en todo el país.
Lea también: Él es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara: su trayectoria en el sector gremial y en la política
El dato que más llama la atención del informe es que el 75,9 % logró acceder al procedimiento únicamente con la información suministrada por la organización, sin necesidad de presentar tutelas, derechos de petición u otras acciones judiciales. Otro 19,2 % requirió acompañamiento legal para superar barreras impuestas por algunas instituciones de salud.
Para Sara Méndez Niebles, asesora de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, esta tendencia demuestra que, en la medida en que las mujeres conocen sus derechos y el sistema responde oportunamente, disminuye la necesidad de acudir a procesos judiciales.
El informe también señala que el 44,5 % de las mujeres accedió al procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, un comportamiento que contradice los temores planteados cuando se expidió la Sentencia C-055 sobre un eventual aumento de abortos en etapas avanzadas del embarazo.
Qué cambió con la Sentencia C-055
Hasta 2006, el aborto era un delito en todos los casos. Ese año, la Corte Constitucional permitió la interrupción voluntaria del embarazo únicamente bajo tres causales:
• Cuando el embarazo fuera consecuencia de violencia sexual;
•
Cuando representara un riesgo para la vida o la salud de la mujer;
•
• Cuando existiera una malformación fetal incompatible con la vida fuera del útero.
Lea además: Revuelo político por primera derrota de De La Espriella en el Senado
Con la Sentencia C-055 de 2022, la Corte amplió ese marco y estableció que las mujeres pueden acceder libremente al aborto hasta la semana 24 de gestación, sin necesidad de justificar ninguna causal. Después de ese tiempo, continúan vigentes las tres excepciones establecidas desde 2006.
Las barreras siguen presentes
Aunque el acceso ha mejorado, la Mesa identifica varios obstáculos que continúan afectando el ejercicio efectivo del derecho.
Uno de ellos es el uso indebido de la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de la salud. La organización recuerda que, aunque un médico puede abstenerse de practicar el procedimiento por convicciones personales, las instituciones tienen la obligación de garantizar el servicio mediante otros profesionales.
También persisten dificultades para atender a mujeres migrantes sin afiliación al sistema de salud, debido a la incertidumbre de algunas entidades sobre quién debe asumir el costo del procedimiento, pese a que se trata de un servicio considerado esencial y de atención urgente.
Lea también: Nuevo presidente del Senado anuncia garantías totales a todos los sectores
Un reto para el próximo gobierno
La Mesa considera que el principal desafío del nuevo Gobierno será garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y consolidar la política pública nacional sobre derechos sexuales y reproductivos, recientemente adoptada.
La organización sostiene que el aborto debe seguir tratándose como un servicio esencial dentro del sistema de salud y reitera su propósito de impulsar la eliminación definitiva del delito de aborto del Código Penal, al considerar que su permanencia mantiene el estigma social, aunque en la práctica la penalización sea hoy excepcional.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
