Las últimas investigaciones hechas por la Policía y el Ejército señalan que grupos armados ilegales estarían detrás de las ocupaciones ilegales azuzando a los comuneros y campesinos a invadir los predios.

El ministro de Defensa, Iván Velázquez, lo confirmó ayer miércoles, y en una conversación con distintos medios de comunicación afirmó que “se ha detectado de organizaciones criminales que están engañando a comunidades para ocupar terrenos y están haciendo un negocio con estas invasiones”.

Según investigadores de la Policía y el Ejército, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln serían los grupos que están detrás de la invasión de los predios. En algunas ocasiones, según la información oficial, estos grupos estarían ofreciendo dinero a los campesinos para que entren a la fuerza a los predios particulares.

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Entre las estructuras ilegales que más suenan como incitadoras a invadir terrenos privados son los frentes Carlos Patiño y Dagoberto Ramos; y en Antioquia, el Clan del Golfo en el Bajo Cauca y Nordeste.

“En total son 62 acciones con mafias de personas que tienen en algún momento la posibilidad de entregarle dinero a ciertas personas para que invadan terrenos, otros para que perturben realizando incendios dentro de las fincas, matando ganado, con el propósito de que esas fincas se vuelvan improductivas”, manifestó el director de la Policía, el general Henry Sanabria.

Ante las declaraciones de las autoridades colombianas, las comunidades indígenas expresaron que no están aliados con ningún grupo armado ilegal, y que por el contrario, ellos son víctimas de estas estructuras que “nos matan, desplazan y amenazan por reclamar nuestros derechos y nuestras tierras ancestrales”.

Las declaraciones del ministro Velázquez se dieron justos después de que un grupo de 100 indígenas se tomarán por las vías de hecho la Hacienda Japio, en Caloto, Cauca, la segunda en ese lugar en menos de un mes.

Con esta última invasión, en Colombia son 10 departamentos afectados por esta práctica ilegal, entre ellos Antioquia, donde campesinos se asentaron de manera ilegal en una reserva natural en el municipio de Remedios, y otros levantaron casas improvisadas en tres predios más.

El gobierno también indicó que no será permisivo con acciones violentas para recuperar las y tierras; esto después del video que circuló en el que se ven ganaderos realizar una protesta en el Magdalena con hombres armados en los platones de sus camionetas.

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¿Solución a la vista?

Con las primeras invasiones en el Cauca, la respuesta del Gobierno fue ordenar, en un plazo de 48 horas, el desalojo de las fincas invadidas. Si no se cumplía el plazo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), entraría a sacar a los invasores.

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Esta medida fue criticada por campesinos e indígenas y el gobierno tuvo que repensar una estrategia para acelerar la salida de ocupantes ilegales. Para esto envió una comisión del a dialogar con representantes de estas comunidades.

Un mes después de los diálogos, el gabinete del presidente Petro sacó un as bajo la manga, y ayer la ministra de Agricultura, Cecilia López, tituló 681.334 hectáreas de tierra en 19 departamentos. Argumentó que era el primer paso para aplicar la reforma agraria, frenada por las invasiones. En palabras de la ministra, estas tierras tituladas beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Los títulos fueron expedidos este mes y las entregas a los beneficiados se realizarán hasta el 15 de noviembre.

“Este anuncio es el resultado de un gran esfuerzo que hace el Ministerio y sus agencias para agilizar el proceso. La titulación masiva de predios es un reflejo del compromiso del gobierno con la reforma agraria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dijo López.

Acto seguido, la ministra de Agricultura fue enfática en aseverar que estas titulaciones y entregas de tierras hacen parte del plan de Gobierno estructurado incluso desde la campaña presidencial, “y es un mensaje claro de que la política agraria es una realidad y, por tanto, no se justifican ni ocupaciones ni invasiones”.

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