Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia realizaron este jueves una inspección sorpresa en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública que involucrarían a congresistas.
Según informó la Corte, los delegados llegaron a las oficinas del Invías para recopilar documentación y registros internos que permitan esclarecer cómo se asignaban los contratos y determinar si existía una relación entre las adjudicaciones y los parlamentarios señalados.
De acuerdo con la exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, el esquema de corrupción operaba a través de entidades como el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
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Benavides presentó una matriz de asignación de obras públicas con los nombres de congresistas que presuntamente recibieron beneficios a cambio de respaldo político a iniciativas del Gobierno.
La investigación coincidió con la renuncia del director del Invías, Juan Carlos Montenegro, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos sobre la gestión financiera de la entidad y denuncias de corrupción. Su reemplazo fue Jhon Jairo González, hasta ahora subdirector del instituto.
Uno de los aspectos más críticos de la gestión de Montenegro fue el señalamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que denunció retrasos en pagos por cerca de un billón de pesos a empresas de consultoría e interventoría, afectando la ejecución de proyectos.
Según medios como El Tiempo y Semana, entre los congresistas mencionados en la investigación se encuentran senadores y representantes de distintas bancadas.
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En el Senado figuran Juan Diego Echavarría (Liberal), Efraín Cepeda (Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Juan Pablo Gallo (Liberal), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Liliana Bitar (Conservador) y Karina Espinosa (Liberal).
En la Cámara de Representantes, la lista de señalados incluyen: a Juan Loreto Gómez (Conservador), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Katherine Miranda (Alianza Verde), Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), Daniel Restrepo (Conservador), Wadith Manzur (Conservador), Julián Peinado (Liberal), Juan Diego Muñoz (Partido de la U), Wilmer Castellanos (Alianza Verde), Silvio José Carrasquilla (Liberal), Álvaro Henry Monedero (Liberal), Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde), Wilder Iberson Escobar (Gente en Movimiento), Milena Jaraba (Partido de la U), Sandra Aristizábal (Liberal), Kellyn Johana González (Liberal), Yamil Arana (Conservador), Juliana Aray Franco (Conservador), Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical) y Wilmer Yesid Guerrero (Liberal).
El relato de la exasesora fue determinante para que la Corte Suprema intensificara la investigación. Según su declaración, en 2023 varios congresistas recibieron adiciones en contratos de obra pública gestionados desde el Invías y la Ungrd.
Afirmó que su papel como enlace con los parlamentarios surgió por órdenes directas del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aunque aseguró desconocer los detalles de las negociaciones.
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A través de un comunicado, el Invías confirmó la visita de los delegados del alto tribunal y aseguró que funcionarios de la entidad atendieron a la comisión judicial.
“El Invías está colaborando plenamente y suministrando toda la información necesaria que requiera la respectiva autoridad para esclarecer los hechos objeto de investigación”, indicó el documento.
Además, el instituto reiteró su compromiso con la transparencia y la justicia, y afirmó que responderá de manera oportuna a todas las solicitudes realizadas por las autoridades competentes.
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