Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a las 10:20 de la mañana en Bogotá, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba su cátedra de Cultura Colombiana. Dos hombres dispararon contra el Mercedes-Benz azul en el que se movilizaba junto a José del Cristo Huertas Hastamorir, amigo cercano y miembro de su escuadrón de seguridad, quien también murió en el atentado.

Gómez Hurtado era una de las figuras políticas más influyentes del país: había sido candidato presidencial en tres oportunidades, constituyente en 1991, dirigente conservador, fundador del Movimiento de Salvación Nacional y fundador de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que conoció como alumno a Huertas Hastamorir.

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Hijo del expresidente Laureano Gómez, a quien el General Rojas Pinilla derrocaría en junio de 1953, luego de liderar un golpe militar, Álvaro Gómez se caracterizó por seguir la línea opositora que lideraba su padre desde el partido Conservador, haciendo duras críticas al presidente Ernesto Sámper Pizano, quien para 1995, año del magnicidio, enfrentaba el proceso 8.000, una serie de acusaciones que vinculaban su campaña presidencial con  financiación de los narcotraficantes del Cartel de Cali liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela.  

Precisamente ese momento político en el que fue asesinado Gómez Hurtado fue fundamental para que se tejieran diversas hipótesis alrededor del caso. La Fiscalía, entonces dirigida por Alfonso Valdivieso se hizo cargo de la investigación, llegando particularmente al cartel del Norte del Valle, encabezado por Orlando Henao Montoya, uno de los grandes capos de la época, estableciendo como primera hipótesis un asesinato en el que el narcotráfico habría actuado por encargo de intereses políticos.

Mientras la investigación iba tomando su rumbo, apareció en el expediente el nombre de Danilo González, un cuestionado coronel retirado de la Policía, quien había participado en la persecución contra Pablo Escobar, pero posteriormente fue relacionado con organizaciones narcotraficantes, particularmente del Norte del Valle. Según la hipótesis, en la que se evaluaron incluso comunicaciones del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, González habría sido determinante en la organización del magnicidio, pero su testimonio sería silenciado nueve años después, el 25 de marzo de 2004, luego de un ataque sicarial.  

Estuvo tan viciada y enredada la investigación durante décadas, que incluso se abrió una hipótesis respaldada por el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, quien señaló que sectores civiles y militares que buscaban una salida extrainstitucional a la crisis de Samper habrían acudido a Gómez para que respaldara ese propósito y, ante su negativa, habrían decidido silenciarlo.

En paralelo, la familia de Gómez Hurtado ha defendido durante años la hipótesis en torno a un crimen de Estado relacionado con el Proceso 8.000 y con las fuertes críticas que el dirigente conservador dirigía contra el gobierno de Ernesto Samper. Sus familiares señalaron públicamente al entorno de esa administración y denunciaron que la investigación había sido desviada para impedir que se conociera a los verdaderos determinadores. Samper y su entonces ministro, Horacio Serpa salieron rápidamente al paso y rechazaron esos señalamientos.

Así, antes de que el caso llegara a la justicia transicional, el expediente acumulaba versiones que involucraban a narcotraficantes, antiguos miembros de la Fuerza Pública, paramilitares y sectores políticos, sin que ninguna permitiera establecer judicialmente toda la cadena de responsabilidades.

Tras décadas de pesquisas, permanecían sin respuesta definitiva preguntas centrales sobre quién ejecutó, organizó y ordenó el magnicidio y por qué. Ese panorama cambió en septiembre de 2020, cuando antiguos integrantes del secretariado de las Farc comunicaron a la JEP su intención de asumir responsabilidad por el asesinato de Gómez Hurtado, insistiendo en que su asesinato estaba ordenado desde hace varias décadas y que era un cobro por sus posiciones política en los años 60.

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Aunque las Farc reconocieron colectivamente su responsabilidad por el magnicidio y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’ y entonces comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, asumió individualmente haber impartido la orden para asesinar a Gómez Hurtado y Huertas Hastamorir, la Sala de Reconocimiento de la JEP consideró que esas admisiones debían ser contrastadas con pruebas independientes. Para ello revisó los expedientes de la justicia ordinaria, testimonios recaudados durante años, elementos entregados por la familia Gómez, declaraciones de antiguos guerrilleros y nuevas diligencias practicadas entre finales de 2025 y 2026.

El resultado estuvo lejos de cerrar definitivamente el caso, pues en el Auto 12 de 2026, la JEP reconoció que las pruebas recaudadas “no han sido concluyentes para confirmar o descartar” la responsabilidad de la antigua guerrilla y admitió que, pese a las nuevas pesquisas, todavía persistían dudas. La hipótesis presentada por las Farc descansaba, según la Sala, casi exclusivamente en dos elementos: la palabra de Julián Gallo Cubillos, y el denominado ‘Libro Gordo de Marulanda’, un documento cuya autenticidad tampoco pudo ser plenamente comprobada.

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Para este punto de la investigación, la JEP se hizo de todo el material probatorio disponible para el esclarecimiento del caso, entre ellos los retratos hablados elaborados después del magnicidio. Por ello, ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación comparar esas imágenes con antiguos integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño señalados por Lozada, encontrando así coincidencias con Federico Quesada, alias ‘Chayanne’, y Juan Carlos Palacios Gómez, alias ‘Fredy’, dos hombres que, según el excomandante guerrillero, hicieron parte del grupo que ejecutó el crimen.

Las semejanzas comprendían características como la edad, la contextura, la estatura, el color de piel y el cabello, pero hubo un detalle que llamó particularmente la atención de los investigadores, y era que Palacios utilizaba una candonga de plata en la oreja, una característica que también había sido descrita por los testigos en uno de los hombres que participó en el atentado.

A esa pieza se sumó el testimonio de Carlos Chaparro, conocido con el nombre clave de ‘LUNA’, un agente que había logrado infiltrarse en el Frente Urbano Antonio Nariño. Chaparro sostuvo en 1996 que, a su juicio, las Farc habían tenido participación en el magnicidio y explicó que la muerte de Gómez Hurtado fue manejada reservadamente dentro de la organización mediante un “parte de guerra”, un mecanismo que, según su versión, era utilizado cuando unidades de la guerrilla habían intervenido en una operación.

La JEP encontró además que la modalidad utilizada para matar a Gómez Hurtado, un asesinato selectivo en Bogotá contra una persona considerada por la organización como “objetivo militar”, era compatible con otras actuaciones atribuidas a la estructura urbana de las Farc. También estableció como parte de ese patrón que algunos de esos crímenes no fueran reivindicados públicamente o que la guerrilla negara inicialmente su responsabilidad.

Con esos elementos, la Sala finalmente aceptó el reconocimiento de Lozada de haber impartido la orden a sus subalternos y determinó que existen razones suficientes para considerar que al menos dos integrantes del Frente Urbano Antonio Nariño participaron como autores materiales del magnicidio bajo sus instrucciones. En la individualización de su responsabilidad, la JEP estableció además que el antiguo comandante recibió órdenes de la dirigencia del Bloque Oriental e instruyó a sus subordinados para cometer varios homicidios selectivos, entre ellos los de Gómez Hurtado y Huertas Hastamorir.

Sin embargo, la misma Sala advirtió que esa conclusión no significa que estén esclarecidos todos los responsables del magnicidio. Incluso si integrantes de las Farc participaron materialmente en el asesinato, sostuvo la JEP, las dinámicas del sicariato político de los años noventa permiten mantener abierta la posibilidad de que en el crimen también hubieran intervenido narcotraficantes, integrantes corruptos de la Fuerza Pública u otros actores con intereses propios.

La Jurisdicción fue incluso más allá al señalar que existen razones para explorar una eventual participación de narcotraficantes del Valle del Cauca a través de Danilo González, en una posible acción conjunta con integrantes de la red urbana de las Farc. Esa intervención, planteada por la Sala como una hipótesis todavía por investigar, pudo haberse producido directamente con los autores materiales, sin conocimiento de Lozada, o incluso desde la propia orden recibida por este de sus superiores.

Por ahora, esas preguntas tendrán que seguir siendo resueltas fuera de la justicia transicional, pues durante la rueda de prensa en la que se entregó información referente a los macrocasos 10 y 11, la JEP reconoció que no tiene competencia para investigar a varios de los posibles terceros mencionados en las distintas hipótesis y recordó que corresponde a la Fiscalía continuar profundizando en esas líneas, entre ellas la que durante años vinculó el crimen con Orlando Henao Montoya, Danilo González y el narcotráfico del Norte del Valle.

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