Desde este 7 de agosto, Colombia tiene nuevo director general de la Policía. Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el general retirado Jesús Alejandro Barrera asumirá el mando de una institución que enfrenta enormes desafíos: contener el crecimiento de las estructuras criminales responsables del aumento de los homicidios, el sicariato, la extorsión y el microtráfico, así como recuperar la moral de los uniformados y superar el déficit de pie de fuerza.

Junto a él estará el general en retiro Norberto Mujica como subdirector, con sede permanente en Barranquilla. Ambos, retirados del servicio activo, deberán ser reintegrados formalmente para asumir sus cargos. La decisión busca recuperar oficiales que, según el presidente electo, salieron de la Policía por razones políticas y no institucionales.

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“La medida puede aportar experiencia operacional y enviar una señal de respaldo a la Fuerza Pública”, explica Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE). Sin embargo, advierte que, si esa política se convierte en una práctica masiva, podría generar efectos adversos al afectar la línea de mando, los ascensos y la moral de quienes permanecieron en servicio activo.

Pero, más allá de la reorganización de la cúpula, el principal reto de Barrera comenzará desde el primer día de su gestión: enfrentar el deterioro de la seguridad en varias regiones del país y contener el avance de las estructuras criminales.

Los indicadores muestran la magnitud del desafío. Con corte a junio de 2026, según cifras recopiladas por el Ministerio de Defensa, los homicidios aumentaron en 87 casos. En Bogotá, por ejemplo, cerca de la mitad de los asesinatos obedecen a hechos sicariales, una problemática que también preocupa a otras ciudades capitales, donde este fenómeno ha ganado terreno en los últimos años.

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El homicidio, sin embargo, no es el único delito que preocupa. La extorsión alcanzó su nivel más alto de la última década. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 denuncias, 181 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 2.733, lo que equivale a un incremento del 7 %.

“Ya no se trata de un secuestro para cobrar a los familiares, sino de cuotas casi diarias, especialmente a los comerciantes, a los agricultores, a las personas que tienen comercios barriales y comercios populares”, explica Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.

A esta situación se suma el avance del microtráfico, un fenómeno que, según Nieto, ha permeado espacios cotidianos de las ciudades. “Inundó entornos escolares, parques y todo lo relacionado con barrios donde las ollas están a merced y a la orden del día de cualquier persona”, señala.

Para el experto, el crecimiento de estas estructuras obliga a diferenciar la respuesta del Estado frente a las nuevas dinámicas criminales. “Si bien este país ha estado acostumbrado a que el gran enemigo son los grupos armados, hay bandas criminales y delincuenciales en las ciudades que, sin tener lucha ideológica y sin querer enfrentarse a la Policía o al Ejército, tienen rentas ilegales superiores a ellos y eso requiere una mirada diferencial. No se puede atacar de la misma forma al ELN que a la banda de alias Satanás o el Tren de Aragua”, asegura.

En ese sentido, Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad ciudadana de la Universidad del Rosario, asegura que Colombia lleva 15 años con estrategias similares para combatir la delincuencia común y que necesitan ser reevaluadas. “Hay que replantear el plan cuadrante, hay que revisar toda la disposición de los CAI, su funcionamiento y pertinencia”.

Frente a este panorama, el Gobierno entrante ha planteado un cambio en la estrategia de seguridad. Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha, desde el 8 de agosto, de los denominados Bloques de Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca reforzar la ofensiva contra la delincuencia en las principales ciudades del país.

La iniciativa contempla la creación de grupos especializados de la Policía que serán desplegados en capitales y zonas urbanas consideradas críticas. Su misión será enfrentar las estructuras responsables de delitos como el hurto y la extorsión, desarticular organizaciones criminales y perseguir a quienes, según el presidente electo, continúan coordinando actividades ilegales o manejando recursos desde los centros penitenciarios.

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Sin embargo, para algunos analistas, el reto no está únicamente en crear nuevas estrategias, sino en fortalecer las capacidades existentes. “La Constitución y la ley ya ofrecen herramientas suficientes para fortalecer la seguridad urbana sin necesidad de crear nuevas figuras que puedan generar dudas sobre sus competencias o su legitimidad. El principal reto no es la falta de normas, sino la coordinación institucional y la capacidad operativa”, concluye Andrés Macías.

El pie de fuerza

Los analistas coinciden en que la Policía necesita un aumento en el número de uniformados y una reestructuración en la línea de mando. Para eso se necesita que se mantenga la inversión económica. Pero también que se establezcan estrategias para que la línea de mando de la institución no se pierda.

“La Policía a cierre de 2025 tiene menor número de coroneles y generales en relación no solo con la administración de Duque, sino es el menor número en los últimos 15 años”. El reto apenas comienza.

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