El presidente Gustavo Petro parece que agotó el combustible político para insistir en una salida dialogada con los disidentes del Estado Mayor Central de las FARC que operan en el surocciodente del país.

El intento de toma guerrillera a la estación de Policía de Morales (Cauca) que dejó cuatro muertos –dos policías y dos civiles– sumado a la detonación de una motobomba en Jamundí (Valle) son los hechos que, parece, rebosaron la paciencia del presidente.

“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. (...) La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, dijo Petro cuando conoció la escalada violenta en el suroccidente del país.

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El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado con un relevo en la comandancia del Ejército. Sacaron al general Luis Mauricio Ospina para darle entrada al mayor general Luis Emilio Cardozo, un alto mando que el mismo presidente había mandado a retirar.

El Ministerio de Defensa, incluso, reconoció en un comunicado que el enroque en la comandancia ayudará a “fortalecer la seguridad y defensa de la nación”.

La ofensiva militar contra los disidentes del EMC está activa desde el 17 de marzo, cuando el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces, la Fuerza Pública ha dado golpes a los ilegales y ha recibido otros.

El 25 de abril, por ejemplo, el Ejército reportó que 15 subversivos fueron abatidos durante un combate en Argelia (Cauca). Sin embargo, los ilegales también han intensificado su accionar criminal con hechos como los registrados en la madrugada de este 20 de mayo en Morales y Jamundí.

“Son permanentes los resultados positivos que se vienen logrando por parte de la Fuerza Pública en contra del autodenominado EMC en Cauca. Su única forma de expresión es recurrir a atentados terroristas, porque no tienen la capacidad para sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares y de Policía”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez en una rueda de prensa.

El último ataque de los disidentes llevó a que se incrementarán los operativos. Durante la noche de ayer, la Tercera División del Ejército reportó confrontaciones contra los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño del EMC en los municipios de Santander de Quilichao y Patía (Cauca).

Durante los combates en Patía, el Ejército reportó la muerte del soldado profesional Pedro Pablo Sánchez. Las consecuencias humanitarias del conflicto en el Cauca no paran.

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Por ahora, las posibilidades de un cese al fuego con esos ilegales parece estar descartada.

“No se pactará nuevo cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central en el suroccidente del país. Los ataques que ha realizado esta organización criminal contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese”, enfatizó el ministro Velásquez.

Se agota el combustible de la Paz Total?

El 27 de agosto de 2022 el recién posesionado presidente Petro abrió –durante su visita a Ituango (Antioquia)– la posibilidad de sentarse en varias mesas de diálogos con distintos grupos armados en el país. Era una propuesta esperanzadora y ambiciosa.

Desde entonces han pasado 90 semanas y los avances de diálogo con los distintos grupos criminales parecen estar estancados. Mientras tanto, la propuesta de Paz Total pierde capital político.

“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.

La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.

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“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.

Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.

“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.

El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.

“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.

La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.

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