Producto del conflicto armado que ha reinado en Colombia durante muchas décadas, miles de víctimas tuvieron que huir de sus hogares para escapar de las garras de la guerra. 

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Norte de Santander es uno de los departamentos que más ha sufrido las consecuencias de esta dinámica, obligando a las personas a desplazarse de sus residencias a otras zonas como Venezuela. Sobre todo los campesinos de las regiones más afectadas como El Catatumbo. 

Para tratar de compensar los daños y restituir las tierras que les fueron despojadas a las víctimas se creó la Unidad de Restitución de Tierras. 

Sin embargo, en Norte de Santander este proceso avanza muy lento gracias a que en la zona todavía impera la violencia y el conflicto armado. Es por esto que las víctimas, por miedo a represalias, se niegan a solicitar la restitución de sus tierras. Así lo dio a conocer a La Opinión la secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras, Jaqueline Campos Rincón. 

Las cifras

Esta entidad gubernamental solo ha recibido 5.683 solicitudes para la restitución de sus tierras y apenas 1.324 familias, de las miles que han sufrido consecuencias de la guerra, han sido beneficiaros. La más reciente ocurrió el 14 de mayo cuando víctimas de Salvatore Mancuso en Los Patios recibieron justicia y se les entregó su vivienda. 

De acuerdo con la secretaria de la unidad, las demoras tienen que ver con dos aspectos: la violencia desmedida que aún es protagonista en estas zonas y que producto de la misma guerra ni el Gobierno Nacional puede entrar a zonas de alto riesgo, como el municipio de Tibú, para hacer los respectivos estudios. 

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Esto último se puede evidenciar con las siguientes cifras: el municipio con más número de solicitudes para que les restituyan sus tierras es Tibú con 2.141,y le sigue Cúcuta con 761 solicitudes. Sin embargo, es Cúcuta el lugar con mayor número de sentencias para restituir las tierras con 128, mientras que en Tibú han fallado solo 117 veces. 

A todo este escenario de temor y falta de confianza en las instituciones, se le suma la incertidumbre que dejaron las últimas noticias que llegaron desde los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y que refiere al anuncio de este grupo guerrillero de volver a los secuestros como método de financiación económica. 

Y es que el año pasado en esta zona del país se presentaron 99 secuestros, de los cuales 48 fueron con fines extorsivos y los otros 51 simples. Solo en Cúcuta se registraron 15 casos, cuyo objetivo era obtener dinero por parte de los familiares de las víctimas. Todo esto según un informe de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh).

¿Cómo avanza la restitución en Norte de Santander?

Norte de Santander es de los departamentos que más nos tienen preocupados a nivel central.  No se ha podido microfocalizar algunas zonas por precisamente  la imposibilidad de ir a tomar las pruebas que se necesitan para un proceso judicial, porque la situación de guerra y de apropiación del territorio de distintos actores, pues impiden llegar. Por eso el panorama es delicado. Todos los niveles directivos están viniendo acá para evaluar qué está pasando, porque nos preocupa que las víctimas del conflicto armado, del despojo especialmente, de Norte de Santander, sientan que no se le están cumpliendo. 

¿Por qué no hay tantas solicitudes para restitución de tierras?

-La gente no está yendo a denunciar su abandono de tierras porque le da miedo. Porque hay muchas barreras. La principal barrera es el miedo, la segunda, la falta de esperanza, y la tercera, creería yo, que es el desconcierto ante las pobres cifras que presentamos.

¿No se puede avanzar en la justicia de las víctimas hasta que no termine la guerra?

-El tema aquí es que ingresar a los territorios a practicar las pruebas no es fácil, porque hay nuevos actores tal vez no con la fuerza de ese conflicto armado del que estamos hablando de los últimos 30 años, que es lo que más o menos se tiene como un parámetro para evidenciar el despojo, pero nuevos actores asociados con la disputa territorial de las economías ilegales impiden habitar las carreteras, habitar los caminos y para llegar allá nos toca evitarlos. 

¿No cree que esto es desesperanzador para las víctimas? Si no puede entrar el Gobierno Nacional ¿Entonces quién?

-Cuando les cuento que el departamento de Norte de Santander en materia de restitución tiene unas tensiones de metas bajas no significa que estemos en la desesperanza, precisamente vuelvo a insistir que el nivel central tiene todos los ojos puestos acá. En el último mes han venido todos los directores a revisar metas con sus funcionarios. A mirar por qué no tenemos el acelere y qué necesitamos y a tomar correctivos. Esa es la clave de esperanza. 

¿Hay más familias en Norte víctimas de Mancuso que están a la espera?

-Tenemos aproximadamente unas 150 sentencias que están en proceso de cumplimiento y que son víctimas del órgano paramilitar conducido por Salvatore Mancuso. 

¿No hay un afán del Gobierno por acelerar los procesos que tienen vinculado a los paramilitares y no prestar tanta atención a las víctimas de la guerrilla?

-Cada sentencia tiene un autor y no tenemos miedo en decir quién es el autor. Para nosotros las víctimas no tienen color y las revictimizaríamos aún más si les ponemos color. Solo que las víctimas tienen derecho a que se les pida perdón, pero además se diga cuál actor probado ante el juez fue el que les causó el daño.

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