Los papeles se invirtieron. Este martes el presidente, Gustavo Petro, saca a sus simpatizantes a la calle para intentar demostrar el apoyo de la ciudadanía a la reformatón que emprendió en el Congreso, sobre todo al trámite de la reforma a la salud que radicó el lunes con la promesa de hacer un sistema con una “fuerte presencia estatal”.

El llamado a la calle es el primero que Petro hace como inquilino de la Casa de Nariño, jugándose la carta de la movilización social cuando apenas lleva seis meses como mandatario, y mientras la base social que lo eligió está a la expectativa de que se cumplan sus promesas de campaña.

Lea además: Nueva jornada laboral y recargos extra aumentarían costo por trabajador en 35%

Petro, emulando sus tiempos de alcalde suspendido de Bogotá, pronunciará un discurso desde el balcón de la residencia presidencial dirigido a quienes acudan hasta el Palacio para respaldar su agenda, a pesar de que apenas se conoce el texto de un renglón de las reformas: el articulado de la salud.

Pero la ficha de la calle tiene dos caras y el miércoles la oposición también lanzará su papeleta para rechazar la agenda del presidente con concentraciones en cuatro puntos del país. Incluso, no descartan lanzar un discurso en respuesta a la intervención de Petro de este martes.

Y si bien las cartas ya están echadas, las monedas de cambio que se juegan los dos sectores son diferentes.

Le puede interesar: Cruz Roja colombiana enviará personal de apoyo a Turquía por el terremoto

Un presidente que marcha

Petro llama a las protestas desde el poder con mensajes promarchas que han sido difundidos desde las cuentas institucionales de la Presidencia y las carteras. Por eso el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, acusó al Ejecutivo de estar gastando recursos públicos para convocar a las movilizaciones y, con ello, “amedrentar a la oposición”.

En contraste, Palacio niega que se hayan utilizado dineros públicos para promover las marchas del 14-F. El director del Dapre, Mauricio Lizcano, sostuvo que en ese Departamento no han gastado fondos para difundir las movilizaciones y cuando se le consulta sobre la financiación para la logística del evento responde que “en eso el Gobierno no gastó nada. Es voluntario”.

El Colombiano conoció que el sonido para el evento de este martes en la Plaza de Armas fue puesto por la cartera de Salud. No obstante, ese Ministerio no respondió a la pregunta de este diario sobre su financiación para la movilización social de este 14 de febrero.

Sin embargo, las ministras activistas del Gobierno están moviendo sus redes en favor de las movilizaciones. La misma ministra Corcho publicó una caricatura suya con el rótulo de que “las EPS no curan, las EPS facturan”, despertando críticas desde el Congreso de que el Gobierno –dicen sus contradictores– sigue en campaña.

Es más, el senador David Luna aseveró que “el Gobierno no puede pretender sacar la gente a la calle cada vez que necesite aprobar una reforma o un proyecto. Para eso, está el Congreso y es el conducto institucional y regular”.

Infórmese: Universidad Sergio Arboleda recuperó su acreditación por fallo de tribunal

“Institucionalidad en riesgo”

¿Las marchas llevan a Colombia a un Estado de opinión? A esa pregunta el senador del Pacto Histórico, Pedro Méndez, responde que los plantones “son un ejercicio de fortalecimiento de la democracia”. Y desde esa misma bancada el representante Heráclito Landinez apunta que “la discusión autónoma e independiente en el Congreso debe ser técnica, basada en los sectores y la coherencia misma de los proyectos de ley”.

En todo caso, el llamado a las movilizaciones despertó una desazón de los opositores por la presión callejera a la agenda legislativa, lo que llevó a que ese bando convocara a sus propias movilizaciones para el miércoles 15 de febrero, una manifestación que tendrá el apoyo del parte del gremio de los taxistas.

El sector minoritario del Congreso espera mover a los empresarios y ciudadanos preocupados para rechazar al Ejecutivo. El encuentro de los bandos en la calle llevó a que el Consejo Gremial lanzara una dura alerta sobre la seguridad del país: “Trasladar el debate a las calles, promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas del poder público pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso de La República”.

Las movilizaciones de esta semana, más que un plebiscito callejero a las reformas del presidente, terminarán midiendo qué tanto apoyo tienen los partidos en un contexto de precampaña para las elecciones regionales de octubre .

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion