El desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido uno de los escándalos más sonados del gobierno Petro. Hasta ahora, la Fiscalía ha hablado de contratos irregulares por cerca de 380 mil millones de pesos.
También se ha hablado de 571 mil millones de proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Pero, según reveló Caracol Radio, más de un billón de pesos se vieron comprometidos por el esquema corrupto liderado por el entonces director de la UNGRD Olmedo López.
Como contó esa emisora, hace dos años la periodista Paula Bolívar señaló que López había pedido más de un billón de pesos al Ministerio de Hacienda. Este 29 de abril, la emisora reveló los contratos que sumarían ese billón.
Los 25 contratos de obra que suman un billón de pesos
Son 25 contratos de obra que López ordenó ejecutar a través de la Fiduprevisora entre 2023 y 2024; en su mayoría, dice el medio, no han sido mencionados en una sala judicial o una rueda de prensa de la Fiscalía. La suma total da un billón 56 mil millones de pesos.
Entre los propósitos de los contratos hay temas fundamentales: obras para proteger ríos, contener inundaciones, construir puentes. Son recursos de emergencia nacional que se habrían contratado bajo el mismo esquema. En ellos no estarían sumados los contratos de los carrotanques, los de las ollas comunitarias ni los de maquinaria amarilla.
El “modus operandi”: empresas de papel y proponentes únicos
Para el esquema se invitaban tres proponentes. De esos, solo cotizaba uno, y ese único cumplía aunque en ocasiones necesitara dos o tres rondas de subsanación para lograrlo. Además, Olmedo López firmaba la solicitud de contratación, el contrato se perfeccionaba y se giraba el anticipo del 20 %. El patrón habría sido el mismo en los 25 contratos.
Y no solo eso: en muchos de los procesos, los otros dos “competidores” o proponentes, había empresas no verificables o de papel. Es decir, no había tal competencia.
Entre los nombres que aparecen varias veces está una empresa llamada Construdeco Alianza Logística, representada por Sandy Ariza Villareal, de Bucaramanga. Esta ganó contratos en el Chocó y Santander. Otra empresa es Inversiones CCO, representada por Leidy Johanna Díaz, también de la capital de Santander, que aparece como socia mayoritaria en contratos para los municipios de Oiba, Girón y Cantagallo.
A su vez, el Consorcio Prosperidad OIBA, que ganó el contrato de Oiba, y el consorcio Dique Bolívar, que ganó el de Cantagallo, tienen esas mismas tres empresas con los mismos porcentajes, exactos. En otras palabras, dos nombres distintos para el mismo consorcio, dos contratos distintos, dos anticipos distintos y un solo beneficiario real.
Hay dos alternativas: Invías habría cobrado por instalar puentes que nunca instaló o el contratista privado habría cobrado por suministrar puentes ya cubiertos por el convenio. El caso es que la UNGRD habría pagado dos veces por lo mismo, con plata del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
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Los funcionarios señalados y el rastro de los computadores desaparecidos
En los contratos se repite la firma de Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora. Cada una de sus firmas llevaba a la cadena firma, contrato, anticipo, plata. Sin embargo, Andrade fue precedida por Carlos Fernando López Pastrana, quien habría firmado los primeros contratos del esquema.
Este terminó trabajando con Sandra Ortiz en una consejería de Presidencia. Ortiz es la misma funcionaria que, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, llevó como mensajera tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name para que moviera las reformas del Gobierno.
Cuando estalló este escándalo, en julio de 2024, Presidencia confirmó que durante la entrega a la nueva administración de esa consejería aparecieron dos computadores incompletos, uno sin disco duro y otro sin memoria RAM.
El día que la Procuraduría abrió investigación contra Andrade, la entonces ministra de Justicia Ángela María Buitrago la nombró notaria 36 de Bogotá, donde según reportes periodísticos ganaría más de 70 millones de pesos mensuales. El presidente Petro la defendió públicamente y hoy seguiría en su cargo.
Los contratos
A continuación, la totalidad de los contratos que suman más de un billón de pesos. Concretamente, $1.103.858.845.136.
-Chinácota / Toledo, Norte de Santander: $19.910.410.579
-Bahía Solano, Chocó: $36.943.345.650
-Convenio INVIAS: $114.500.000.000
-Jericó, Antioquia: $16.017.000.000
-Magangué, Bolívar: $21.568.000.000
-Convenio Ministerio de Educación: $63.650.000.000
-San Jacinto del Cauca / La Mojana, Bolívar: $129.187.000.000
-Pivijay, Magdalena: $24.272.000.000
-Suministro Puentes Bailey: $45.000.000.000
-El Molino, La Guajira: $9.783.000.000
-Girón I, Santander: $185.439.000.000
-Girón II, Santander: $97.514.000.000
-Girón III, Santander: $37.383.177.570
-Girón IV, Santander: $29.982.893.144
-Contrato de apoyo logístico, Santander: $5.000.000.000
-Tierralta, Córdoba: $13.255.000.000
-Angelópolis, Antioquia: $4.383.000.000
-Suministro equipos de protección: $6.962.000.000
-Oiba, Santander: $37.388.607.492
-Dabeiba, Antioquia: $27.538.000.000
-Cantagallo, Bolívar: $35.706.283.946
-San Jacinto del Cauca, Mojana: $3.951.276.000
-Dosquebradas, Risaralda: $19.864.000.000
-Mistrató, Risaralda: $7.689.729.899
-Itagüí, Antioquia: $27.352.470.901
-Puerto Serviez / Puerto Boyacá, Boyacá: $73.964.505.127
-Villa del Rosario, Norte de Santander: $10.654.144.828.
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