La senadora Ana María Castañeda anunció que la Ley 172/23, que busca que una población estudiantil específica quede exenta de pagar sus derechos de grado, pasó a sanción presidencial, lo que significa que ya superó sus debates en el Congreso y solo falta que el presidente firme para que entre en vigencia.

Esta propuesta tiene un fuerte enfoque social que busca que los estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén 4, así como los grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad, queden exentos de pagar sus derechos de grados.

Eliminar este costo, según la senadora, significa una disminución significativa en la carga financiera de los estudiantes que enfrentan cuando están cerca de concluir sus estudios como profesionales.

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“Hoy le entregamos al país una nueva ley: gratuidad en los derechos de grado para estudiantes de pregrado de las instituciones públicas. Con esta iniciativa del Representante Silvio Carrasquilla beneficiamos a jóvenes de sectores vulnerables”, dijo la senadora del partido Cambio Radical.

“A la fecha, el costo promedio de un derecho de grado alcanza incluso el millón de pesos, desmotivando a muchas personas que no tienen los recursos, y se se sienten limitados en esta etapa de transición de vida. Aquí nos estamos poniendo al día, pues un estudiante que superó sus retos académicos, se ganó ya el derecho a graduarse y no tiene porque pagar por el”, señaló la senadora.

Esta medida tiene como objetivo apoyar a los estudiantes en situaciones vulnerables, facilitando su transición y asegurando que el logro de culminar una carrera universitaria no se vea obstaculizado por barreras económicas.

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