Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y principales testigos del escándalo de corrupción de esa entidad, al parecer están contemplando un preacuerdo con la Fiscalía, que incluya cinco años de prisión.

Esta revelación, realizada en la mañana de este jueves por la periodista Darcy Quinn en La FM, no implicaría necesariamente que estén todo ese tiempo tras las rejas, sino al menos 12 meses encarcelados y el resto de la pena en detención domiciliaria.

La propuesta se realizó en el marco del principio de oportunidad al cual pretenden someterse los exdirectivos, por el cual aceptarán la culpa en varios delitos, a cambio de beneficios judiciales.

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El beneficio, en caso de que sea aceptado por la Fiscalía y posteriormente avalado por un juez de garantías, también se aplicaría al empresario pastuso Luis Eduardo López Rosero, dueño de la firma Impoamericana Roger SAS, ganadora del polémico contrato de $46.800 millones para proveer los carrotanques de agua para La Guajira.

López Rosero, además, fue quien hizo un préstamo millonario a Sneyder Pinilla, para que este les diera los sobornos que le pidieron entregar - presuntamente - a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, con el propósito de que estos impulsaran las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso.

En cuando a la propuesta de preacuerdo que está bajo estudio, al parecer la defensa de López y Pinilla le solicitó a la Fiscalía que les diera un plazo hasta agosto, antes de su eventual encarcelamiento, para que compartieran un tiempo con sus familias.

También está bajo negociación la cantidad de plata que tendrán que devolver, la cual habrían utilizado de forma ilegal durante las movidas de corrupción con los recursos de la Ungrd.

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El problema de los carrotanques es uno de los escándalos que más ha golpeado la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro.

No solo porque afecta a las comunidades más pobres de La Guajira, a las cuales el jefe de Estado les había prometido una solución de fondo, sino porque pone en entredicho el trámite de sus proyectos de ley en el Congreso, los cuales tendrían de por medio el supuesto pago de sobornos.

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