Doce exmiembros del Batallón La Popa, del Ejército Nacional, se encontraron frente a frente en Valledupar, Cesar, con las víctimas de ‘Falsos Positivos’ de esta región del país, en un acto de reconocimiento hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Por un lado estaban las víctimas vestidas con camisetas blancas, algunas con el mensaje: ‘¿Quién dio la orden?’ o las fotos de sus familiares y carteles en sus manos. Del otro, 12 exmilitares que en el primer día de audiencia empezaron a reconocer su responsabilidad en 127 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

Acuerdos entre paramilitares y la comandancia del Batallón La Popa para entregar personas que fueron reportados como ‘falsos positivos’, fue la primera modalidad que se reconoció durante la diligencia.

De acuerdo con lo relatado por el teniente coronel Heber Hernán Gómez quien fue segundo comandante de este batallón, esta alianza fue comandada por el coronel Publio Hernán Mejía, quien fue imputado por estos hechos pero que no reconoció su responsabilidad.

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Esta organización, según el coronel, coordinaba entre Mejía y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con anterioridad el número y el sitio donde se debían presentar estos hechos.

“La gestión de facto de esta organización era bastante clara, adelantar las acciones pertinentes desde cada una de las áreas bajo nuestra responsabilidad, con el fin de permitir que en algunos parajes de la Jurisdicción, personas inocentes y en estado de indefensión fueron retenidas y asesinadas por miembros del Bloque Norte de las Auc. Acto seguido sus cuerpos eran dejados para que en simulaciones de combates fueron recogidos, reportados y presentados como integrantes de organizaciones al margen de la Ley”, explicó Mejía.

Agregó que una de las acciones que desarrolló consistió en la elaboración fraudulenta de documentos para disfrazar las muertes que se estaban presentando.

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El soldado Yeris Andrés Gómez Coronel contó que siempre obedeció órdenes de sus superiores sin cuestionar, y recordó que el primer ‘falso positivo’ que cometió fue asesinar a un integrante del Eln que estaba herido, por lo que recibió como premió $100.000 pesos y arroz chino para todos sus compañeros.

Durante su relató describió la relación del coronel Publio Hernán Mejía, con los paramilitares. Según el exmilitar un día salieron del Batallón la Popa escoltando a seis soldados profesionales con destinó a una finca en donde estaba el jefe paramilitar Jorge 40 y otros comandantes paramilitares. “Allí comenzó el pacto entre La Popa y los paramilitares de Jorge 40”.

El dolor de las madres de las víctimas de ‘falsos positivos’, durante la audiencia de reconocimiento por parte de militares./ Foto: Colprensa
 

El Coronel Gómez también relató otro hecho en el que sus comandantes les ordenaron fingir un combate y, luego, buscar unos cuerpos de campesinos que llevaban de seis a siete horas muertos y luego hacerlos pasar como guerrilleros.

Contó también como Juan Carlos Figueroa, quien tampoco reconoció su responsabilidad en estos hechos, firmó una orden de operación en la que los paramilitares les entregaron a dos hombres que luego asesinaron y ellos a cambio les entregaron armamento y munición.

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El exsargento Manuel Valentín Padilla, quien coincidió con el relato de los demás exmilitares también reconoció su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ en coordinación con los paramilitares, y mencionó a alias ‘39’, ‘38’ y el ‘Paisa’.

“Reconozco que fuí un cobarde al no denunciar esta clase de hechos tan horrorosos como era la de presentar bajas como si fueran en combate. Lo hice porque era consciente que estas prácticas contribuían a aumentar las cifras que el batallón presentaba a los superiores” dijo Valentín Padilla.

El sargento explicó que las autodefensas Unidas de Colombia dejaban los muertos en determinado sitio que ya estaba coordinado con anterioridad entre el coronel Publio Hernán Mejía y los jefes paramilitares. “Cuando llegaba la tropa al lugar determinado se realizaba un simulacro de combate, esas personas ya habían sido asesinados por esos bandidos. En el lugar no había rastros de sangre, cuando se hacían los levantamientos de los cadáveres, en la mayoría de los casos no portaban documentos .y eran reportados como NN”, contó el exsargento.

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Crudos relatos de las víctimas 

Dentro de la diligencia las víctimas tuvieron un espacio para contar sus historias y hacer sus exigencias. Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia, quien fue reclutado por paramilitares mediante el ofrecimiento de un trabajo y posteriormente asesinado. “¿Quién se iba a imaginar que me iban a matar a un hermano, si no era paraco, no era guerrillero, no era nada?”.

Bajo esta línea relató que en la búsqueda de su hermano la torturaron, la amarraron y la abusaron. “Esto ni siquiera mi familia lo sabe. Por culpa de ustedes”.

Por su parte Pedro Loperena comisionado de Derechos Humanos del pueblo Wiwa resaltó que este reconocimiento es posible gracias a que superaron el miedo y reclamaron sus derechos. Sin embargo explicó que su pueblo ha sufrido 50 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales solo aparecen tres, por lo que pidió que se haga una audiencia sobre estos casos contra su pueblo.

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Danelis Bolaños, víctima reconocida en este caso recordó a su hermano Heber, quien fue víctima de este flagelo, como un joven de 22 años que se ganaba la vida como jornalero y el sustento de la familia. “No hemos tenido la valentía de decirle a mi madre, nos vamos a enfrentar con quienes mataron a tu hijo, no lo sabe. Como personas nos han destruido, estigmatizado, por ser campesinos, indígenas, no es justo. Cuando un Estado está para proteger a la población civil se haya prestado para exterminarnos”, dijo entre lágrimas.

Proceso judicial 

Dentro de los hechos relacionados con el Batallón de Artillería No. 2 La Popa fueron imputados en total 15 comparecientes de los cuales 12 se encuentran reconociendo su responsabilidad en estos hechos y tres más no reconocieron su responsabilidad. Ellos son Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, cuyos casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite al proceso adversarial de ser vencidos en juicio se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Cuando este martes termine la segunda audiencia de reconocimiento, la JEP tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá la sanción a imponer a los imputados. Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas, y sus observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.

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En caso de que no haya reconocimiento, o respecto a los hechos que no fueran reconocidos, la Sala remitirá los procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Si los comparecientes cumplen con el estándar de reconocimiento de la Sala y esta determina que reconocieron de manera satisfactoria su responsabilidad, serán condenados de carácter restaurativo y reparador. De lo contrario serán condenados de cinco a 20 años de cárcel.

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