La Sala de Reconocimiento de la JEP fijó para el 26 y 27 de abril en Ocaña (Norte de Santander) la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los 11 imputados dentro del caso 03 que investiga ‘falsos positivos’ en el Catatumbo.
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La decisión, que fue adoptada por solicitud de las víctimas acreditadas en el caso, se conoce tras 16 reuniones preparatorias en las que viene trabajando la Jurisdicción con las víctimas, los comparecientes y los representantes judiciales de ambas partes. En estos espacios restaurativos las víctimas solicitaron que la audiencia se llevara a cabo en el Catatumbo, un lugar emblemático para el caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas’ presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Ocaña “es el único sitio en el que simbólicamente podrían sentir que cobra sentido para ellas la realización de dicha audiencia”, advierte la Sala de Reconocimiento de Verdad a través del auto 036.
Reconocimiento público
Durante la audiencia los 10 miembros de la Fuerza Pública y el tercero civil que fueron hallados máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó.
Se trata del brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante en Ocaña.
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La JEP también imputó a los antiguos integrantes de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca): el capitán Daladier Rivera Jácome, los sargentos segundos Rafael Antonio Urbano Muñoz y Sandro Mauricio Pérez Contreras -quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN-, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15, y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
En caso de que haya reconocimiento, verdad plena, detallada y exhaustiva por parte de los comparecientes, la Sala debe producir después de tres meses, a más tardar, la respectiva resolución de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.
Reconocimiento a título de omisión
El general en retiro Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Trigésima Brigada del Ejército con sede en Cúcuta, dijo en su momento que su reconocimiento de falsos positivos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la JEP, fue a título de omisión.
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El militar en retiro fue noticia al convertirse en el oficial del Ejército Nacional de más alto rango en aceptar su participación en falsos positivos en todo el país, en su caso durante los años 2007 y 2008.
“Como lo he expresado ante los magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos”, expuso el general (r) en un documento.
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