Desde Villa de Leyva, en medio del Festival de las Ideas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció de forma oficial el acuerdo nacional que propuso cuando llegó al Gobierno Nacional, y con el cual dijo en su momento se podría llegar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

“Con la propuesta de dicho acuerdo, el Gobierno Nacional convoca a las fuerzas políticas, a las autoridades locales y regionales, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios, y a la iglesia y la sociedad civil, a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un acuerdo nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia”, dice el documento de tres páginas, conocido por Vanguardia.

El documento menciona que primero se debe llamar a un acuerdo mínimo en contra de la violencia y por la vía democrática, tal y como está establecido en la Constitución Política de 1991. “Se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y sectores sociales representativos”, afirmó el funcionario del Gobierno Nacional.

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El documento plantea cinco puntos centrales para arrancar con el acuerdo nacional, que desde sectores opositores han asegurado que podría ser el camino para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Centro Democrático, por ejemplo, han aseverado que incluso se podría incluir la reelección presidencial.

1. Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política

Este es el primer punto del documento y menciona la necesidad de recuperar los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política. “Debe haber un compromiso de las partes con rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil”.

2. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral

En el segundo punto se menciona la necesidad de respetar los procesos electorales en Colombia. Esto incluye los calendarios, tiempos y garantías para cada una de las contiendas. “No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco del proceso del acuerdo nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas”.

En este punto se menciona que, si se quiere hacer alguna modificación de fondo, se deberá hacer de forma constitucional y sin saltarle la ley colombiana.

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3. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto

“Es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet. Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el Gobierno Nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Sólo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas Pdets y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno.

4. Crecimiento económico con equidad y transformación de la economía

Para el acuerdo nacional, desde el Ministerio del Interior se propone cambiar la economía actual que tiene desigualdad y desempleo, hacia un modelo productivo, incluyente y equitativo que permita proteger la naturaleza con competitividad basada en educación, talento, tecnología, conectividad, transición energética, estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado.

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