Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por estos días sesiona en Colombia, compartieron un almuerzo de trabajo con el presidente Gustavo Petro. Posteriormente, hubo una declaración conjunta en la que reiteraron su preocupación por el estado del Sistema Interamericano y las violaciones de derechos humanos en la región.
“Hicimos un intercambio de ideas, retomando una conversación que habíamos tenido muy productiva e importante cuando el Presidente nos visitó en la sede de Costa Rica”, manifestó el presidente de la CIDH, juez Ricardo Pérez Manrique.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó la necesidad de trabajar desde un enfoque en los derechos de la mujer y los derechos colectivos y sociales, pero además se comprometió a cumplir las sentencias existentes.
“Nos hemos comprometido desde el Gobierno a cumplir las sentencias que se han promulgado en casos que tienen que ver con colombianos, a los cuales se les han violado sus derechos fundamentales a veces por acción y otras por inacción del Estado”, inició diciendo.
Según dijo, se ha avanzado en el cumplimiento de 91 casos, pero hay otros 128 en espera: “Esos serán abordados para que Colombia logre en un 100% cumplir las sentencias”.
Por tanto, exhortó a las demás ramas del poder público a hacer lo mismo, recordándoles que son obligatorias.
“No se trata de una justicia extranjera, como alguien dijo por ahí, el sistema Interamericano de Derechos Humanos y los tratados que Colombia ha firmado son parte de nuestra Constitución”, fue su llamado de atención.
UP y Jineth Bedoya, casos que estudiará la CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) empezó a sesionar en Colombia. Su presidente, el juez uruguayo Ricardo Pérez, declaró oficialmente instalado el período 162 de sesiones ordinarias del alto tribunal.
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Desde la Cancillería, en el centro de Bogotá, se dio inicio a la agenda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, que incluirá tres audiencias públicas de tres casos contenciosos del continente, un seminario y varias diligencias privadas.
El encargado de dar la bienvenida al tribunal de las Américas fue el canciller, Álvaro Leyva, quien, aunque respetuosamente exaltó la presencia de la Corte en el país, criticó la lentitud con la que se toman decisiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Leyva destacó que se tienen registros de más de 6.000 personas asesinadas o desaparecidas en medio del exterminio a la Unión Patriótica, uno de los casos que llegó hasta la Corte Interamericana y en el que se determinó la responsabilidad del Estado colombiano.
La Corte, en una audiencia privada, supervisará esta semana qué tanto cumplimiento se le ha dado a la determinación de enero de 2023, en la que se destaca el reconocimiento público de responsabilidad de Colombia luego de más de treinta años de litigio internacional y se ordena avanzar en las investigaciones penales. El Canciller lanzó reparos frente a ese período de tiempo, pues señaló que le parece “una vergüenza”.
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“¿Cómo es que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le tomó treinta años conocer del genocidio de miembros de la Unión Patriótica? Como promotor y articulador de paz, que he sido desde 1984, no solo fui testigo de lo ocurrido, sino que eso me llevó a asistir a cientos de entierros de ilustres y sencillos compatriotas. Época aciaga aquella”, dijo Álvaro Leyva.
La agenda de la CIDH
Del 9 al 13 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará presencialmente en Bogotá. En su agenda se contemplan un seminario, tres audiencias públicas y varias diligencias reservada. Hoy, los siete jueces del Tribunal asistirán a la Universidad Externado a un seminario que analizará los avances y desafíos que permanecen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a 75 años de su existencia.
Luego, desde el 10 hasta el 12 de octubre la Corte realizará audiencias públicas referentes a tres de los casos que lleva: Huilcaman Paillama y otros vs Chile, que estudia supuestas violaciones en la investigación penal contra 140 personas de la etnia mapuche en protestas de 1992; Pérez Lucas y otros vs Guatemala, que verifica presuntas vulneraciones en la detención de Agapito Pérez Lucas y otras personas que luego fueron desaparecidas, y Leite de Souza y otros vs Brasil, que examina la detención y tortura de una mujer embarazada de seis meses en el marco de la dictadura militar brasileña.
El 13 de octubre la agenda será privada y reunirá a la Corte con la JEP. A lo largo de la semana, la Corte Interamericana verificará, de manera privada, el cumplimiento de al menos cinco sentencias emitidas contra Colombia, además de la reciente decisión por el exterminio de la Unión Patriótica.
Entre esas sentencias se encuentra el fallo por la desaparición del líder sindical Víctor Manuel Isaza, detenido en 1987. Además, el caso Ituango vs Colombia, con el que se declaró la responsabilidad del Estado por la masacre de La Granja, y el de la Masacre de Santo Domingo vs Colombia.
Por último, se supervisará el cumplimiento del fallo de Jineth Bedoya, con el que la corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado colombiano en el secuestro, violación y posterior impunidad que sufrió la periodista. En ninguna de las verificaciones participará el juez colombiano de la Corte, Humberto Sierra.
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