Un juez de Puerto Colombia (Atlántico) frenó todo el proceso de caducidad y embargo del contrato que tenía como objetivo brindarle conectividad gratis a niños y jóvenes de zonas apartadas del país.
Esta decisión la tomó el juzgado luego de aceptar estudiar una tutela interpuesta por la Unión Temporal Centros Poblados, que busca defender su inocencia en el proceso. La medida se tomó de manera cautelar mientras se toma una decisión de fondo sobre el recurso interpuesto.
"Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones Mintic Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite", dice una parte del oficio emitido por el juzgado.
Frente a esta decisión se pronunció la ministra de las TIC, Karen Abudinen mediante su cuenta de Twitter, donde dijo que: “La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado".
Este escándalo tiene su génesis en diciembre de 2020, cuando se adjudicó el contrato por más de un billón de pesos a Centros Poblados, para proveer conectividad gratis a niños y jóvenes en zonas apartadas del país.
Centros Poblados debía suministrar el servicio a zonas apartadas de los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Sin embargo, en junio, pasados seis meses de adjudicado el proyecto, se descubrió que Centros Poblados estaba incumpliendo con los tiempos estipulados en el cronograma de la contratación.
Al revisar qué era lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual no se había avanzado, se encontró que, al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó garantías falsas dentro del contrato. Además, dicha Unión no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica y financiera para cumplir a cabalidad el contrato.
La empresa registrada presentó una garantía que aseguró que había sido expedida por el banco Itaú, pero que se comprobó que en realidad era falsa, como lo certificó la entidad financiera al aseverar que de ninguna de sus oficinas había salido tal documento.
Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, no obstante, el Gobierno ya había realizado un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.
La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por cuatro empresas Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %), que sería la compañía con experiencia en el sector tecnológico; las tres restantes son ICM Ingenieros S.A.S (35 %), Intec de la Costa S.A.S (15 %) y Omega Buildings Constructora S.A.S (15 %), las tres empresas tienen experiencia en la construcción de carreteras y edificios, y dos de ellas están domiciliadas en Barranquilla.
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