Según las cifras del Ministerio de Defensa, en lo corrido del gobierno del presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares han evitado que los grupos de minería ilegal obtengan ganancias por cerca de 400.000 millones de pesos.

De acuerdo con la entidad, durante los últimos siete meses se ha evitado la extracción de, al menos, 1,4 toneladas de oro de minas ilegales, las cuales se encuentran principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y la Amazonía.

Durante esta administración, las autoridades lograron la incautación y destrucción de 894 unidades de maquinaria utilizada para la extracción de minerales, y con ello se impidió la utilización de cerca de 7.146 kilogramos de mercurio para la extracción del oro, mineral que tras el proceso de extracción termina contaminando los ríos aledaños a las zonas de extracción.

Estas cifras corresponden a lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante la presentación de la política de seguridad y defensa del Gobierno Nacional, calificó como una de las prioridades de la Fuerza Pública, dado que es una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones ilegales, que ya supera a los ingresos generados por el narcotráfico.

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"La gran minería ilegal es una  fuente gigantesca de financiamiento de estas estructuras armadas y probablemente de otros dueños que están detrás de esas estructuras", manifestó el ministro.

Las cifras, sin embargo, palidecen cuando se comparan con la magnitud de este negocio ilícito, según los cálculos hechos por diferentes estudios.

En un reciente informe, la Contraloría General de la Nación estimó que la minería ilegal de oro en el país produce cerca del 63% de las 53 toneladas que anualmente se explotan en el país, es decir, por lo menos más de 30.

“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los 5 millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas 4 a 5 grandes organizaciones criminales”, aseguró el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.

Según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la unidad especial que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se estima que el mercado del oro ilegal mueve unos 10 billones de pesos anuales en el país, lo cual no difiere mucho de lo estimado por el Departamento de Planeación Nacional, que estima que la minería ilegal podría generar entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares en ganancias anualmente, que, con el cambio de dólar, es una suma equivalente.

Y pese a esta magnitud, toda la producción proviene en su mayoría de unidades de explotación pequeñas. Un censo realizado por las autoridades muestra que, de las 10.384 minas más pequeñas reseñadas, 6.812 funcionan de forma ilegal. Atomización del negocio que dificulta aún más el control.

Informes de las autoridades reportan que en al menos 400 municipios, de los más de 1.100 que hay en el país, se presentan actividades de minería ilegal.

El impacto ambiental

Además del problema de inseguridad que generan las actividades de minería ilegal, los efectos ambientales también son inmensos, en especial en zonas consideradas como parques nacionales y zonas de reserva ambiental.

Reportes de la Contraloría General señalan que en 1990 Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de 6 millones de hectáreas. Las actividades delincuenciales como el narcotráfico y la mineria ilegal son responsables de buena parte de esa destrucción.

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Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque. El impacto de esta situación se evidencia principalmente en la Amazonía y el departamento del Chocó.

De acuerdo con la Procuraduría, sin una coordinación estrecha entre autoridades locales y nacionales es imposible lograr éxitos contra este fenómeno.

"Hoy, un sector de la minería ilegal guarda una estrecha relación con grupos al margen de la ley y con procesos de narcotráfico y lavado de activos presentes en territorios mineros. La autoridad local y regional muchas veces se encuentra en incapacidad de hacer frente a esta amenaza que se cierne sobre la gobernabilidad, lo cual obliga a que

se establezcan acciones de coordinación entre estas autoridades con la fuerza pública, a efectos de impedir la permeabilidad de fuerzas ilegitimas en la actividad minera", señaló la entidad.

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