La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU respaldó las decisiones del Plan de Vida Proyecto Nasa y de la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que juraron defenderse ante las agresiones y amenazas de grupos armados.
Tales hechos incluyen el homicidio de la mayora Carmelina Yule Pavi, ocurrido hace unos días en ese departamento, que generó el rechazo de distintos sectores e incluso motivó un pronunciamiento del presidente, Gustavo Petro.
Lo que se informó desde estas comunidades es que realizarán control territorial, administrarán justicia para los responsables de tales vulneraciones y actuarán para “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas”.
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Por tanto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos le recordó al Estado que su obligación es respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
“En esta situación, en Cauca, su prioridad debe ser implementar estrategias y reforzar la capacidad de respuesta en materia de protección y prevención de vulneraciones en contra de los Pueblos Indígenas, y en este caso del Pueblo Nasa”, señaló la oficina de la ONU.
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Instó al fortalecimiento de los sistemas propios de los pueblos indígenas mediante la implementación de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera, asesoría, acompañamiento técnico y adecuaciones institucionales.
“Garantizar el funcionamiento de los sistemas propios de los Pueblos Indígenas es una obligación del Estado y también es una forma efectiva para fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad en los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”, apuntó.
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Por último, recordó que es urgente avanzar en el fortalecimiento institucional en departamentos como el Cauca, que han sido tan afectados por el conflicto, “para esto la Oficina recuerda la importante función de la justicia, en especial, de la Fiscalía General de la Nación, y la necesidad de reforzar la articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial”.
Hace una semana el relator de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas presentó un informe desolador en el que dio cuenta no solo de la presencia de grupos armados, que acorralan a las comunidades indígenas, sino del reclutamiento forzado a menores de edad, de la violencia sexual a la que son sometidas las mujeres y otros tipos de abuso.
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