Una luz de esperanza brilla para la entidades promotoras de salud (EPS), amenazadas con desaparecer del sistema con la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.

El propio presidente fue el que abrió esa puerta luego de una reunión con los gobernadores del país, en la que expresó que “la EPS puede (sic), si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria (CAP)”.

Entre tanto, el Congreso enfila baterías para estudiar y debatir esa reforma, que puede ser aprobada o no, en un lapso de dos legislaturas, una que termina el 20 de junio y otra que termina el 20 de diciembre. Según dio a conocer el presidente de la República, el texto será radicado el próximo lunes y no hoy, como se había anunciado.

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No obstante, la idea del mandatario es que “con el tiempo tendríamos un sistema universal con atención primaria y preventiva”, cuya unidad central serían los CAP, en consonancia con el modelo preventivo y predictivo que quiere implementar.

Esta declaración de Petro denota un cambio –al menos en el discurso– en lo que el Ejecutivo quiere hacer con el futuro de las EPS. Además de que en su plan de gobierno estuviera planteada su eliminación, el presidente ha sido su adversario en gran parte de su carrera política, así como la ministra Carolina Corcho, quien recientemente publicó y borró de sus redes sociales una imagen con la consigna: “las EPS no curan, facturan”.

Los caminos de las aseguradoras

Sin embargo, con ese mensaje la supervivencia de las EPS podría tener distintas salidas. Así le comentó a este diario el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García, quien avisora que pueden tomar tres caminos: “cerrar sus puertas y liquidar, convertirse en instituciones prestadoras de salud (IPS) o que se vuelvan planes de medicina prepagada”.

Todos caminos que, para él, conducirían a mal puerto. El de convertirse en IPS representaría un cambio radical en su modelo de negocio, pues las aseguradoras “tienen unas estrategias diseñadas para gestionar servicios y vigilar contratos”; mientras que si se convierten en prepagadas “pueden terminar en que estas pólizas cojan fuerza y terminen compitiendo con proveedores de servicios”.

Por otro lado, el médico y salubrista público, Leonard Maiguel aseveró que actualmente las EPS cuentan con centros de atención primaria, pero que no se dedican a la prevención y predicción. Esto, para él, indica que el presidente Petro “tiene bastante desconocimiento de cómo funciona el sector salud y cómo funcionan los sistemas de salud en el mundo, que tienen déficit financiero”.

No obstante, ve algo positivo en esto y es que “si la estrategia es quitarle poder a las EPS sería muy bueno”. Por eso, considera que en el Gobierno “estén empezando a escuchar y se abra el espacio para que lleguemos a punto medio para mejorar la calidad en la atención primaria sin elevar los costos fiscales”.

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En esa misma vía, el profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, destaca que así “a las EPS se les exigirá un componente de territorialidad para que no elijan en cuáles municipios estarán, sino que estarán obligadas a cubrir zonas específicas”, pero advierte que sería perjudicial si el Gobierno “confina los CAP a territorios definidos donde no haya competencia y se reduzca la gestión de respuesta en zonas pequeñas”.

¿Caló la presión al Gobierno?

Para la Casa de Nariño las últimas semanas han sido de atajar pelotazos que amenazan la gobernabilidad que ha tenido en el Congreso de la República, en donde cuenta con una variopinta coalición que le ha ayudado a sacar adelante proyectos como la “paz total” y la reforma tributaria. Esto debido a que los partidos de La U, Liberal y Conservador cerr filas a defender el sistema de salud como está, lo que obviamente incluye mantener las EPS.

Incluso hasta el ministro de Educación, Alejandro Gaviria –crítico interno–, expresó en el programa La Tele Letal sus dudas respecto a “qué va a pasar con el control del gasto (...) porque si no se hace, este se dispara y se quiebra el sistema”, así como sus preguntas sobre el periodo de transición, pues “no se puede reformar un sistema tan complejo que atiende a casi 50 millones de personas sin decir cuál es el punto de llegada y qué se va a hacer mientras tanto”.

Este escenario, que combina críticas externas como fuego amigo, la explica el investigador Johnattan García en que el Ejecutivo “tiene que generar consensos”, “proponer una salida para que las EPS hagan otras cosas” y “restarle antagonismo a la reforma y buscar acuerdos con los partidos políticos”.

Entre tanto, el doctor Maiguel destaca el papel en el Gobierno del ministro de Educación, Alejandro Gaviria (con la tesis de la “explosión controlada”), por lo cual considera que “los ministros con perfil técnico han logrado disuadir con argumento las posiciones radicales y lograr equilibrios”.

Esta posición es compartida por Rodríguez, quien asegura que “en esas discusiones seguramente se han dado cuenta de que no es tan sencillo el cambio que querían y ahora buscan formas de garantizar que estén (las EPS) incluidas para que el sistema de salud tenga éxito”.

¿Habrá tiempo en el Congreso?

Hasta ahora, la radicación de la reforma se ha aplazado una semana, pues en principio se presentaría el 6 de febrero. Con todo y eso, los planes del Gobierno y del Pacto Histórico en el Congreso –que esperan la fidelidad de los partidos que los han acompañado– son que surta el trámite y debate legislativo para que sea una realidad a implementar, aunque saben que lo más probable es que en el camino sufran cambios y modificaciones con el avance del debate, como ocurre con todas las reformas de todos los gobiernos.

La representante a la Cámara, Mafe Carrascal (Pacto Histórico) le dijo a este diario que “hay un calendario electoral muy bien pensado y consideramos que tenemos el tiempo justo”. Además, indicó que “radicar el proyecto no implica que así vaya a pasar, sino para discutirlo de cara al país, debatirlo abiertamente y que todos los sectores puedan inmiscuirse”.

Sobre ese punto, el representante a la Cámara Alirio Uribe (Pacto Histórico) advirtió que “los tiempos van a ser ajustados, pero hay un cronograma desde el Gobierno para el trámite de la agenda legislativa. Por eso se anticipó más de un mes la legislatura y con el avance de la gestión, vamos tomando decisiones y hay un buen ambiente”.

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Sobre el contenido del texto y la negativa a hacerlo público antes de radicarlo, Carrascal contó que “es un texto bien construido desde hace mucho tiempo y queríamos que fuera lo más pulido posible. Por información que tengo sé que después de las reuniones con las bancadas el texto que saldrá va a incluir acuerdos previos y creo que calmará los ánimos”.

Por su parte, Uribe contó que “el Gobierno tiene mayorías que se han mantenido, aunque a veces ponen líneas rojas y así se va mirando cómo se concilia, como es el juego democrático. Los congresistas saben que la salud no ha marchado bien en Colombia y necesita ser mejorada porque la Corte Constitucional es la que la ha mejorado y la idea es atender esas recomendaciones de la Corte”.

Sin duda, para el Ejecutivo el tiempo corre en su contra, pues además de esta, las reformas laboral, pensional y a la justicia también piden pista; además de la campaña por las elecciones regionales que se avecina a la vuelta del 29 de junio, cuyo trajín mantendrá ocupados a los congresistas en sus regiones.

Es por eso que la expectativa se mantiene a pocos días de que al Congreso llegue esta esperada reforma: momento en el que, por fin, se despejará el mar de dudas que hay y en el que el Gobierno ponga a prueba qué tanto puede “construir sobre lo construido. Si es así, no se eliminarán las EPS, como lo anticipó off the record una integrante del Pacto Histórico que ha acompañado el proceso. En días se sabrá si ese augurio se cumple.

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