La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.
Así lo informó el Ministerio Público este miércoles 20 de septiembre al explicar que la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición de pasaportes, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria.
“Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, explicó la Procuraduría en un comunicado.
En ese sentido, la Entidad advirtió que posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
Tras los señalamientos por presuntos favorecimientos al contratista Thomas Greg and Sons, TGS, la Cancillería decidió el pasado 12 de septiembre suspender la audiencia de adjudicación, en la que se definiría si la licitación se declaraba desierta por falta de oferentes competentes o se terminaba asignando a la única oferente en el momento, TGS.
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En dicha audiencia, el canciller Leyva asumió la representación legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que “con el fin de garantizar absoluta objetividad en el análisis de la estructuración y evaluación del proceso, y para requerir de un tiempo prudencial para lo correspondiente a efecto de poder adoptar una decisión en derecho”, fue necesario suspender la diligencia por un periodo de 8 días.
Sin embargo, el canciller decidió declarar desierta la licitación antes que adjudicar el polémico contrato. Eso sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que procederá de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio para el contrato de elaboración de pasaportes, luego de que el anterior quedara desierto.
El proceso en cuestión se trata de un contrato por 559.000 millones de pesos cuyo objetivo es “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, durante los tres años que le restan al gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Pese a que el proceso de licitación empezó en los tiempos normales, todo se fue complicando luego de que las demás compañías denunciaran un presunto favorecimiento a Thomas Greg, la única empresa que ha manejado ese negocio en el país durante los últimos 17 años.
Thomas Greg & Sons era la única empresa participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia, entre otras cosas porque desde hace 17 años, es quien siempre ha gozado de los beneficios de este contrato.
Luego del hundimiento de la licitación, trascendió que la unión temporal iniciará un proceso judicial en el que reclamará una suma de entre 80.000 y 100.000 millones de pesos al estado.
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