La dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC y los directores de los 125 centros Penitenciarios y Carcelarios existentes en el país, deberá entregar prontamente a la Procuraduría General un informe detallado sobre las condiciones en que se contrata y suministra la comida en las cárceles.
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El reporte se solita tras la visita que hicieron delegados del Ministerio Público a El Barne, La Picota, El Pedregal y La Tramacúa, entre otros, donde pudo establecer fallas en los servicios de alimentación que allí se prestan.
“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, indica la Procuraduría en su comunicación.
Frente a esta situación la delegada para los Derechos Humanos solicitó a la USPEC el listado de contratistas que prestan dichos servicios, sus supervisores e interventores, fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio y los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.
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Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado a los actores del sistema penitenciario para mejorar la supervisión de los contratos de servicios alimenticios y adoptar las medidas correctivas establecidas por la ley si los operadores incumplen.
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