En medio de la creciente polémica nacional por el presupuesto destinado a los créditos educativos del Icetex, la procuradora general, Margarita Cabello, ordenó a una comisión especializada realizar una visita al Ministerio de Hacienda. El objetivo era conocer de primera mano las causas de las demoras en los desembolsos de recursos que han generado preocupación entre estudiantes y universidades.
Claudia Hernández, procuradora delegada para la Función Pública y líder de la inspección, explicó que esta visita está relacionada con una investigación disciplinaria en curso. Dicha actuación se originó a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Universidades, la cual alertó sobre retrasos significativos en el giro de los recursos correspondientes a créditos educativos aprobados por el Icetex.
En respuesta a esta situación, tanto el Ministerio de Hacienda como el Icetex se comprometieron a cumplir con un cronograma establecido para el segundo semestre del año. La Procuraduría busca verificar que este acuerdo se esté implementando correctamente y descartar la posibilidad de futuros recortes presupuestarios que puedan afectar a los beneficiarios de los créditos.
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“En el marco de esta acción preventiva, vamos a verificar los recursos destinados para el 2025, con el fin de asegurar que se cubran los créditos educativos. Esto es fundamental, ya que a la fecha no se han entregado los formularios necesarios para asignar los créditos a los estudiantes”, señaló Hernández.
Según información publicada por la Revista Semana, el Ministerio de Hacienda aún no ha realizado el giro de 402 mil millones de pesos correspondientes a los créditos del 2024. Estos recursos deben ser transferidos inicialmente al Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, antes de llegar al Icetex para su distribución.
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La situación ha generado incertidumbre entre estudiantes, universidades y padres de familia, quienes temen que la falta de liquidez retrase o incluso ponga en riesgo la continuidad de los estudios de miles de jóvenes en el país. La intervención de la Procuraduría busca garantizar la transparencia en la asignación de recursos y asegurar que los compromisos adquiridos por el Gobierno se cumplan de manera oportuna.
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