La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que revise, a través de una acción de tutela, una decisión de la JEP que impide a las víctimas pronunciarse sobre algunas actuaciones de esa entidad, como la apertura de macrocasos o las resoluciones de conclusiones.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta decisión afecta gravemente los derechos de las víctimas y comparecientes.
La Procuraduría pidió a la conceder una tutela presentada por un grupo de víctimas, que solicitaron amparar los derechos al debido proceso, la participación, la verdad, reparación y garantías de no repetición.
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En primera instancia la tutela fue declarada improcedente por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.
Aunque en segunda instancia, la Sección del Tribunal para la Paz para casos de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad, concedió parcialmente la acción de tutela y protegió los derechos de las víctimas para que puedan participar de forma efectiva en los procedimientos, de acuerdo con la Procuraduría quedaron de todos modos vacíos de protección para las víctimas.
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“La Procuraduría General se ve en la obligación de hacer un llamado a la Corte Constitucional. El caso concreto se trata de una decisión única con efectos graves en los derechos fundamentales de los comparecientes y de las víctimas y que pretende menguar de modo desproporcionado la intervención del Ministerio Público como garante del orden jurídico en la JEP”, aseguró el procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal.
Finalmente, el ente de control también solicitó a la Corte que defina los alcances de la potestad que la ley le confiere a la sección de apelación para interpretar las normas que regulan a la JEP y así “evitar que estos choques no sigan ocurriendo”.
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