Carlos Eduardo Restrepo Osorio está a punto de ser condenado en Estados Unidos por los delitos relacionados con narcotráfico que él mismo reconoció cuando se halló una avioneta en Providencia con 400 kilogramos de cocaína, droga que un policía trató de camuflar.
Luego de esa noticia que escandalizó al país en mayo de 2021, a Restrepo no le quedó otro camino que entregarse en Estados Unidos y aceptar los cargos porque la evidencia en su contra era contundente.
Su historia empresarial está ineludiblemente vinculada a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), salpicada en las investigaciones por los vuelos de la campaña del presidente Gustavo Petro, que son el corazón de la investigación en el Consejo Nacional Electoral y la ponencia que pide imputar cargos en contra del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, y del propio mandatario Gustavo Petro, para que sea investigado formalmente en la Comisión de Acusaciones.
Todavía la página del Registro Único Empresarial (RUES) identifica a Restrepo como representante legal y da detalles de su actividad comercial desde la apertura de la matrícula en la Cámara de Comercio en 2012. Como gerente general de la compañía aparece Sonia Lorena Restrepo y como gerente administrativo, Hernando Robles Alvira.
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Restrepo empezó a hacer su carrera en el sector de transporte aéreo en Ibagué (Tolima) y pronto empezó a hacer contactos que lo llevaron a ser reconocido y lograr contratos con políticos y campañas, tal como sucedió durante 2021 con varios congresistas del Pacto Histórico y para el propio candidato Gustavo Petro.
Esto significa que Restrepo estaba realizando operaciones de narcotráfico, tal como él mismo lo aceptó frente a la justicia estadounidense, al tiempo que transportaba políticos en sus aeronaves. La defensa de Osorio ha negado que lo hiciera de esa forma en un comunicado que publicaron sus abgoados en septiembre de 2023. Sin embargo, los hallazgos de la Corte Suprema de Justicia, que investiga las denuncias contra los congresistas que volaron en los aviones de SADI, dicen otra cosa.
“Desde el mes de enero del 2019, el señor CARLOS EDUARDO RESTREPO OSORIO NO (sic) se encuentra vinculado con la Sociedad Aérea de Ibagué -SADI-, ni como socio, ni como accionista, ni como representante legal o gerente de esa compañía”, decía el comunicado.
También agregó que Restrepo no estaba declarando en Estados Unidos sobre la campaña del presidente. “No es cierto, como lo señalaron los medios previamente referidos, que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio cuente con un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y de la DEA en el que se investiguen dineros ingresados a la campaña a la Presidencia Petro Presidente”.
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El comunicado de los abogados del piloto no está firmado por ningún nombre en particular. Solo se señala “defensa contractual en asuntos penales del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio”.
Las investigaciones de la Corte tienen otro elemento importante de prueba y es un grupo de WhatsApp en el que se coordinaban los vuelos del presidente Gustavo Petro antes de las elecciones de 2022. En ese chat aparece una contratista de Sadi llamada Maya Gutíerrez que declaró a la Corte.
También estaban allí Laura Sarabia y Armando Benedetti, que para entonces seguían trabajando juntos sin diferencias en la campaña del hoy mandatario. Y finalmente, se encontraba dentro de los miembros una persona con el nombre de contacto “Carlos”.
La Corte le preguntó a Sarabia cuál Carlos era el contacto que aparecía en el grupo en el que se coordinaban los vuelos, como pudo conocer este diario en el expediente, y la actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia contestó al magistrado investigador que no podía conocer la exactitud del contacto puesto que no tenía el detalle del número telefónico.
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Esa pregunta todavía no ha sido contestada, pero determinaría si los miembros de la campaña del presidente tuvieron algún tipo de relación con quien se encontraba también coordinando operaciones de narcotráfico con centenares de kilos de cocaína que iban a ser sacadas del país como ocurriría con la avioneta de Providencia.
El nombre de Restrepo volvió a ser noticia durante los últimos días porque el abogado Víctor Muñoz, que defiende a Omar Hernández en el escándalo de Daily Cop, aseguró que tuvieron contacto directo con el señor Restrepo para la compra del avión que supuestamente se habría puesto en disposición de la campaña presidencial, tras una reunión que Hernández asegura habría ocurrido en febrero de 2022 con Ricardo Roa para acordar el apoyo a la campaña a cambio de una posible regularización de las transacciones con bitcoin.
La condena de Restrepo en Estados Unidos está cerca de conocerse y con ella el detalle de los hechos delictivos en los que participó en Colombia.
La investigación por los vuelos de SADI
El Consejo Nacional Electoral desarrolló durante meses una investigación por los pagos a la Sociedad Aérea de Ibagué. La ponencia de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada conceptuó que varios de los vuelos y los pagos a SADI no fueron reportados a las cuentas de la campaña porque probablemente sobrepasaban los límites de los gastos que están establecidos en las leyes electorales.
SADI fue la compañía escogida por la campaña para transportar, no solamente al presidente, sino a varios candidatos al Congreso y al staff más próximo al jefe de Estado. Esa ponencia concluyó que debían ser imputados cargos administrativos a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y al propio presidente Petro. Esa decisión causó todo un debate jurídico y político por los orígenes del CNE y los límites de las funciones de investigación al presidente, que están únicamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
*Con información de El Colombiano
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