La Corte Constitucional realiza este lunes una audiencia pública para debatir la demanda contra el monopolio rentístico del aguardiente en los departamentos, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuestionó que "desafortunadamente la salud se financia con el vicio", al referirse a los ingresos derivados de la producción de licores que se destinan a financiar programas de salud en el país.

La Corte estudia si tumba los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que facultan a los departamentos productores de aguardiente a restringir la venta de otros aguardientes durante seis años, siempre que representen una "amenaza de daño grave a la producción local".

Esta normativa generó críticas, especialmente por la afectación que representa para la libre competencia y la libertad económica.

Durante la audiencia, el abogado Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes, señaló que el tema va más allá de un simple asunto económico.

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“Lo que está en juego es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de las libertades humanas y la libre competencia”, expresó Ossa y advirtió que si se permite esta restricción en el futuro podrían imponerse monopolios en otros productos de gran relevancia social, como la leche.

Por su parte, el abogado Jorge Sánchez Medina presentó cifras que mostraban el impacto económico negativo del monopolio. “Las ventas de aguardiente en departamentos que aplicaron la salvaguarda se redujeron un 21%, mientras que en los que no la aplicaron aumentaron un 35%”, sostuvo.

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, también demandante, señaló que si el monopolio se derrumba las rentas se incrementarán en favor de la salud y la educación.

“No tiene sentido que en algunas regiones sólo se permita consumir un tipo de aguardiente mientras se prohíbe el acceso a otros productos”, afirmó el exfuncionario, al criticar la concentración de poder en manos de los gobernadores.

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Bonilla, en su intervención, subrayó que el monopolio del aguardiente se ha convertido en una fuente de ingresos para ciertos departamentos, pero lamentó que estos fondos se utilicen para financiar la salud.

“En la realidad, sólo siete departamentos producen aguardiente, mientras que otros seis ejercen el monopolio mediante acuerdos de maquila con licoreras. Sin embargo, el problema es que, tristemente, la salud se financia con el vicio, algo que no debería suceder ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo”, puntualizó.

La Corte Constitucional continuará analizando el caso y deberá decidir si mantiene o deroga las normas que protegen el monopolio del aguardiente en Colombia.

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