El recrudecimiento de la violencia que se vive en los municipios de la región del Catatumbo, que este fin de semana se manifestó con dos masacres en los municipios de La Playa de Belén y Ábrego, y que dejó como saldo seis personas muertas, era algo que se veía venir luego del cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Así lo habían anticipado organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en la entidad, pero también lo advirtió el Observatorio de Orden Público, Social y Político de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, a través de su informe sobre comportamiento del delito en los primeros ocho meses de 2024.

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“Luego de las exigencias hechas por el Eln al gobierno nacional, para la expedición de un decreto donde se le retire del listado de Grupos Armados Organizados (Gao), dejó sin posibilidad de prórroga el cese al fuego bilateral con esta organización”, detalla el informe del observatorio departamental, en el que advierte que “desde las 00:00 horas del domingo 4 de agosto, quedó abierta la posibilidad de reanudar las operaciones militares, ofensivas y de inteligencia contra el Eln. Sin embargo, también quedó abierta la posibilidad para que el Eln realice afectaciones tanto a fuerza pública, como a población civil”. 

Esta situación genera “una gran preocupación”, dijo por su parte Olguin Mayorga, representante de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, quien hace un llamado al gobierno local y nacional para que tomen acciones que contrarresten esta situación, así como los efectos sobre la población civil. 

Para las autoridades, lo sucedido este fin de semana tiene que ver con la recomposición de grupos armados irregulares que se creían erradicados, como el Ejército Popular de Liberación, Epl o Los Pelusos, que tras reorganizarse, vuelven a la disputa de territorios en los que tienen incidencia el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional. 

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En esta línea, Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz del departamento, afirmó que “esto ya lo hemos vivido en otros momentos, 2002, 2012, 2017; es un recrudecimiento de las acciones armadas contra las fuerzas militares y policiales, pero también la historia nos ha mostrado, sobre todo en el 2018, cuando el Epl y el Eln se enfrentaron en una lucha territorial”. 

En este contexto, Niño señala que la gran preocupación son las violaciones al derecho internacional humanitario.

Nueva crisis humanitaria 

Frente al panorama actual, el pronóstico es poco alentador, sobre todo porque la respuesta del grupo al que presuntamente pertenecían los hombres asesinados en La Playa de Belén y Ábrego no va a ser distinto, según estima Luis Fernando Niño. 

“Es una historia trágica que se ha repetido una y otra vez, por eso se insistía tanto en que mantuvieran el diálogo. Estas dinámicas son terribles, ya se vieron en 2018”, dijo el Alto Consejero para la Paz. 

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Niño recuerda que la última vez que se vivió una escalada violenta de este tipo, la crisis humanitaria se tradujo en 65 refugios, casi 4.500 personas confinadas por el Epl y el Eln, obligadas a salir de sus zonas. 

“No hubo olla comunitaria que aguantara tres días para darle de comer a 5.000 personas, y en medio de eso combates, bajas del Ejército, bajas de civiles, bajas de los grupos armados también”, sostuvo Niño. 

Anticipando el peor escenario, Niño señaló que la semana pasada sostuvo una reunión con el Equipo Local de Coordinación, ELC, que agrupa las 43 organizaciones humanitarias que operan en Norte de Santander, justamente para evaluar la situación y establecer planes de acción. 

“La idea es que no nos agarren desprevenidos”, dijo Niño. En ese sentido, “les propuse que fuéramos  alistando lugares de prevención humanitaria, no solo en Cúcuta, sino también en Ocaña, Tibú, porque son los puntos donde pueden llegar la gente desplazada, y por lo general siempre pasa lo mismo llegan allá 200 familias y no hay ni una olla, ni una cobija, ni una colchoneta”. 

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