En noviembre de 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió la resolución de conclusiones en contra del exsecretariado de las Farc y reconoció que sí aportaron a la verdad y aceptaron su responsabilidad en los crímenes que les fueron imputados en el caso 01. Ahora la Sección de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de esta Jurisdicción, quien asumió competencia, iniciará la fase que llevará a la imposición de una sentencia.

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Esto quiere decir que los integrantes de esta sección serán los encargados de decidir las sanciones que se impondrán a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape y Rodrigo Granda, y verificar el cumplimiento de las mismas con el apoyo de la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas.

“Tras asumir competencia la Sección de Primera Instancia deberá agotar el procedimiento dispuesto en la normatividad que la regula como lo es, evaluar la correspondencia entre los hechos, las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas, la propuesta de sanción, las condiciones de contribución a la verdad y la reparación, realizando audiencia para verificar la forma de reparación y posteriormente emitir la sentencia”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

En la resolución de conclusiones, la JEP aprobó los proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes: trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.

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Estos exintegrantes del secretariado de las Farc reconocieron en junio de 2022 en una audiencia pública en Bogotá su responsabilidad, de manera individual y colectiva, en la comisión de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad de la persona, violencia sexual y desplazamiento forzado; y de los crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, asesinato, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado.

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