Un millón de estudiantes de las escuelas y colegios públicos de Colombia hoy no tiene derecho a una alimentación adecuada, que les permita garantizar la permanencia en el servicio de educación.

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Las autoridades del sector educativo de Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, a la fecha, no han iniciado la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según reveló esta semana el propio Ministerio de Educación.

En Cúcuta se denunció la injerencia de mafias que habrían interferido en el fallido proceso de contratación.

La alcaldía, en un comunicado a la opinión pública, dijo entender la importancia que tiene el PAE para las familias de los estudiantes y las dificultades que ha ocasionado la no prestación del servicio en el que se han buscado todas las alternativas con la estructuración de un modelo operativo totalmente flexible, especializado y amplio para cualquier proponente interesado que desee participar y prestar el servicio forma eficiente lo haga. 

Dos meses después de iniciar clases, en estas once entidades territoriales, de las 96 que hay en el país, actualmente los estudiantes no reciben alimentación por presunta falta de planeación en la contratación por parte de las administraciones departamentales o por imprevistos no manejables, responden hoy las autoridades encargadas de vigilar el programa.

El director de la Unidad de Alimentos para Aprender, entidad rectora del PAE en el país, Juan Carlos Martínez, sostiene que los casos denunciados formalmente, en al menos 25 instituciones del país, de las más de 43.000 existentes, no corresponden a un problema generalizado. “No es que estén aumentando las irregularidades, es que ahora lo estemos haciendo público”, señaló el funcionario.

Las irregularidades, según dijo, tiene que ver, por un lado, con casos en los que las entidades territoriales empezaron a tiempo el proceso de contratación, pero tuvieron imprevistos, porque no se presentó ningún proferente o porque algún contratista les falló. Un ejemplo de ello es Antioquia, en donde 16 municipios han declarado desiertos los procesos de contratación.

Por otro lado, hay casos en los que las autoridades no iniciaron a tiempo la contratación. “Si la planeación empezó en febrero, y no en noviembre, espero que hayan actuaciones por parte de las entidades de control”, afirmó el director de Alimentos para Aprender, quien recordó que en estos casos es la Procuraduría la única competente para investigar y sancionar a funcionarios públicos.  

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Pero los problemas de contratación no son los únicos registrados en el servicio de alimentación escolar en las regiones. Según un informe de la Contraloría General de la República, con corte al 28 de marzo, en 10 Instituciones Educativas de cinco entidades territoriales (Boyacá, Meta, Antioquia, Cundinamarca, Medellín), se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitaria en las raciones recibidas.

Por ejemplo, en Boyacá en al menos cinco municipios hay reportes de varios estudiantes enfermos por brotes luego de consumir algunos alimentos. En Medellín, en el colegio Francisco Luis Hernández Betancour, identificaron 50 menores con cólico abdominal luego de recibir algunas raciones.

“Esto es lamentable porque, primero, los recursos están dispuestos, aquí no se puede hablar de que no existen recursos. Por otro lado, encontramos situaciones donde no se están cumpliendo con las minutas”,  indicó el contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Según datos oficiales, desde 2019 el gobierno del presidente Duque aumentó los recursos en más de un 40 % y la inversión para 2022 fue de 2,7 billones de pesos para el PAE.

El Contralor Delegado también reportó casos asociados a la infraestructura. Hay instituciones en donde no existe un comedor, los estudiantes no tienen cubiertos, o en algunos casos no existe energía eléctrica en las sedes. “Esto afecta la prestación del servicio y, sobre todo, no permite que se cumpla el lineamiento puntal del Ministerio de Educación, que es la porción para preparar en sitio”, afirmó.  

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Entre el año pasado y este año a nivel nacional las autoridades profirieron 35 fallos con responsabilidad con temas asociados a la alimentación escolar, por sobre costos, porque no se presentó un servicio o por temas asociados a la calidad, de acuerdo con las evidencias de la Contraloría.

¿Volver a la centralización?

Para la directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadía, la limitada capacidad técnica en algunas regiones para adelantar los respectivos procesos de planeación y contratación, que garantizaran el inicio del servicio oportunamente, podría hacer pensar la necesidad de centralizar la administración del programa en algunos casos oficiales.  

“Una solución sería que en aquellas regiones donde vemos que no funciona, donde reiteradamente se hace mal, no se debería dejar la potestad a la entidad territorial si no a la parte central, desde el Gobierno garantizar la prestación del servicio de manera centralizada”, apunta.

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El director de la Unidad de Alimentos para Aprender ve lejos esa posibilidad, porque, según dice, es imposible vigilar de manera centralizada todas las instituciones del país. “A este país le sobran evidencias del fracaso de la centralización en grandes volúmenes. Bienestar familiar fue el que arrancó con las centralizaciones y se le salió de las manos”, respondió Martínez.

El delegado para la participación de la Contraloría también afirmó que más allá de la descentralización del programa, lo que sí hace falta son mecanismos de control social. “Nosotros encontramos que con los lineamientos se tienen que crear unas veedurías de alimentación escolar y, así mismo, generar veedurías de padres de familia. Lamentablemente el 77 % de las instituciones educativas de la muestra aún no tienen veedurías”, advierte.

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