Sorprendidos. Así quedaron los abogados que defienden los intereses de la periodista Jineth Bedoya, quien expuso su caso de violación y tortura ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que recibió una recusación a los magistrados del organismo internacional y retirarse de la diligencia.

La actuación de Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, durante la diligencia adelantada este lunes de manera virtual dejó posturas encontradas. Inicialmente, Jonathan Bock, directivo de la Flip y uno de los defensores de Bedoya, calificó de “sorpresivo e inaudito” la recusación de los magistrados, dado que considera que este momento debe ser “reparador para las víctimas”, y contrario a ello, que no se genere un obstáculo para ellas.

Cabe mencionar que para el Estado colombiano las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de Bedoya, sin embargo, la FLIP y sus representantes consideraron que los comentarios de los magistrados fueron “dignificantes y oportunos” en la medida que acababan de escuchar el testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos.

Los defensores de Bedoya consideraron que los magistrados en ninguna ocasión prejuzgaron la responsabilidad del Estado, tal como alegó Enciso en su discurso conocido este lunes. Para los defensores de Bedoya, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación.

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Con lo anterior, la actuación de Bedoya, a juicio de los defensores, no fue otra debido a que la comunicadora expuso su testimonio, las pruebas e investigaciones que ha llevado a cabo por cuenta de labores periodísticas, así como también el pedido de justicia que no ha hallado en territorio nacional.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, dijo Bock desde la Flip.

Para el abogado, el retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además señaló que “esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”.

Para el penalista Iván Durango, la decisión del Estado colombiano de levantarse de la diligencia no fue acertada por cuanto “si nosotros aceptamos tribunales internacionales para dirimir conflictos que están dentro de nuestra jurisdicción, pues lo mínimo que debemos hacer es respetar estos tribunales y ejercer debida forma la defensa estatal”.

Durango dejó claro que, si bien es un precedente no acertado, el Estado colombiano está en su derecho de tomar la decisión que considere pertinente en el proceso, no obstante, aseguró que el caso de litigio continuará con o sin la presencia de la defensa estatal.

Por su parte, el también abogado Camilo Burbano, contraria a la posición de Bock y Durango consideró que “se le ha dado un enfoque erróneo al problema del caso Jineth Bedoya en la CIDH, en ningún que el Estado colombiano se haya levantado de la mesa y haya recusado puede interpretarse como darle la espalda. No puede perderse de vista que es una escenario litigioso en el que se está discutiendo aspectos no solo sobre si el hecho sucedió, sino la responsabilidad del Estado”.

Burbano explicó que como es un escenario litigioso se tienen que cumplir todas las garantías para que el juicio se dé de manera adecuada, garantizando el debido proceso, entre ellos la imparcialidad de los jueces. “Si Colombia estimó que no existía imparcialidad tenía la potestad de recusar a los jueces como medida legítima que insisto no está encaminada a negar lo que le sucedió a Jineth Bedoya ni a negar el amparo de sus derechos”.

La diligencia en la que fueron recusados los magistrados fue suspendida, precisamente, para analizar lo que interpuso Burbano, de ahí que la determinación sobre el caso tome un tiempo más extenso del que habían considerado se tomarían los jueces del tribunal internacional.