El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la terminación del contrato de fiducia con la Fiduprevisora S. A., entidad que estuvo encargada durante 36 años de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La decisión, adoptada después de una revisión jurídica, financiera, técnica y operativa, busca responder a las dificultades que han afectado la prestación de los servicios de salud y el reconocimiento de las prestaciones económicas de los docentes y sus familias.
El Ministerio de Educación informó que la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 se fundamentó en los resultados de un análisis que identificó problemas estructurales en el funcionamiento del Fondo, algunos de ellos relacionados con el modelo de administración implementado durante el Gobierno anterior.
La ministra Ilva Myriam Hoyos calificó la determinación como histórica y aseguró que busca proteger los derechos fundamentales del magisterio y corregir las situaciones adversas identificadas durante la ejecución contractual. Estas fueron las razones por las cuales terminaron el contrato.
Encontraron patrimonio negativo de $3,1 billones
Uno de los hallazgos más relevantes de la revisión fue la identificación de un patrimonio negativo de $3,1 billones a junio de 2026. Esta situación llevó al Mineducación a solicitar una auditoría forense para establecer cómo se administraron los recursos del Fondo y determinar si durante la ejecución del contrato se presentaron irregularidades o posibles hechos de corrupción.
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Los resultados preliminares fueron puestos en conocimiento del Consejo Directivo del Fomag y trasladados a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, entidades que podrán adelantar las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias.
La auditoría también busca examinar la contratación derivada del negocio fiduciario y aportar elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades, respetando el debido proceso.
Así fue el trabajo de revisión del contrato de la Fiduprevisora
Para sustentar la decisión, el Ministerio de Educación examinó el contrato original y los 43 otrosíes suscritos durante sus 36 años de vigencia. También revisó el marco normativo del Fondo, los pronunciamientos del Consejo de Estado, las decisiones judiciales, las tutelas presentadas por los afiliados y las actas del Consejo Directivo.
El análisis incluyó tres mesas técnicas enfocadas en salud, finanzas y tecnología, además de informes de supervisión contractual y pronunciamientos de los organismos de vigilancia y control.
La entidad también escuchó a representantes de Fecode (Federación Colombiana de Educadores), funcionarios del Fondo y usuarios del sistema. Durante una visita a la sede del Fomag en Medellín, el 23 de octubre, la ministra conoció las dificultades de atención, la acumulación de tutelas y los retrasos en los pagos a los prestadores de servicios de salud.
¿Qué le espera al régimen de salud de los profesores?
Uno de los principales interrogantes tras la terminación del contrato es la continuidad de los servicios médicos para los docentes y sus familias. Frente a esta preocupación, el Gobierno estableció un periodo de transición de un año, prorrogable por otro, durante el cual deberán mantenerse la atención en salud y los trámites relacionados con pensiones y cesantías.
La cartera de educación aseguró que desde el primero de noviembre permanecen funcionando el 100 % de las oficinas del Fomag y que se adelanta una revisión de los prestadores de salud para evaluar sus condiciones de calidad y disponibilidad.
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Entre tanto, Fiduprevisora deberá presentar un plan detallado de actividades y continuar cumpliendo las responsabilidades que le correspondan durante la transición.
Habrá una nueva licitación pública
Paralelamente, el Mineducación comenzará a estructurar los estudios previos para convocar una licitación pública que permita seleccionar al nuevo administrador de los recursos del Fondo, bajo los principios de transparencia, participación y selección objetiva.
Para respaldar el funcionamiento del sistema durante esta etapa, también se solicitaron recursos al Ministerio de Hacienda y se promovió la coordinación con las instituciones prestadoras de servicios de salud.
La ministra Hoyos reiteró que la no renovación del contrato no implica suspender la atención médica ni afectar los derechos económicos de los afiliados.
Con esta decisión, el Gobierno abre una nueva etapa para la administración del Fomag, cuyo principal desafío será superar las dificultades identificadas, garantizar la continuidad de los servicios y recuperar la confianza de los maestros en el sistema de salud y prestaciones sociales.
Vale recordar que el 1 de mayo de 2024 el Gobierno del expresidente Gustavo Petro cambió el modelo de salud de los profesores del sector público, quienes hacen sus aportes de seguridad social al Fomag. Esa entidad es la que funciona como bolsa de recursos que recolecta los recursos de pensión, cesantías y salud.
Lo que se hizo en ese entonces fue eliminar la intermediación de los operadores regionales de salud (que hacían la labor de afiliación de las personas y sus beneficiarios, así como de contratar con hospitales y clínicas) y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora, quien era la encargada de administrar y manejar los recursos del Fomag.
Con el cambio, los operadores salieron de la ecuación y la Fiduprevisora sería la encargada de celebrar contratos con las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
Tomado de El Colombiano.
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