La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció ante el escalamiento de violencia que se vive en Cúcuta y su área metropolitana.
En su mensaje, la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante el deterioro de la situación de derechos humanos que se vive en el departamento fronterizo y presentaron algunas recomendaciones ante las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella para militarizar la ciudad.
Según denunciaron, se presentan varias acciones como homicidios selectivos, feminicidios, masacres, extorsiones, amenazas a líderes sociales, reclutamiento de menores, trata de personas y ataques indiscriminados que han afectado la vida e integridad de personas de la población civil y miembros de la fuerza pública.
Por esto, hicieron un llamado a los grupos armados no estatales a cumplir su obligación de respetar los derechos humanos y cumplir los principios del derecho internacional humanitario.
Además: Precio de la gasolina y el diésel mantendrán sus tarifas en noviembre: así quedaron
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para tomar todas las medidas para contener y disuadir esta ola de violencia. Insistieron en que estas deben funcionar de manera integral y con estricto respeto a los estándares de derechos humanos.
Sobre la medida del presidente de militarizar la ciudad enfatizaron en que este despliegue armado debe contemplar y definir con claridad los mecanismos, procedimientos, canales y protocolos que garanticen el cumplimiento del estándar, los cuales deben ser eficaces, oportunos y transparentes.
De igual forma, manifestaron que estas acciones deben estar regidas bajo el cumplimiento de la ley y también bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Defensores de derechos se pronuncian
Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, manifestó estar de acuerdo con el pronunciamiento de la ONU y al llamamiento que hace para el respeto a los derechos humanos.
Pertuz destacó que los últimos hechos violentos que se han registrado en Cúcuta han vulnerado derechos fundamentales como la paz, la vida y la integridad.
Frente a ello, enfatizó que el papel de las autoridades debe ser garantizar y proteger a la población civil en relación a esos derechos, priorizando también el respeto de los mismos
Sobre la militarización, considera que no resuelve por sí sola la grave situación de orden público que se vive en la ciudad.
“Si la militarización resolviera el problema de orden público en el Catatumbo ya se hubiera resuelto el conflicto armado. Sí bien es cierto que se crea una sensación una sensación de seguridad, la realidad es otra pues esas organizaciones tienen su propia dinámica de guerra”, añadió.
Además, el defensor señaló que esa militarización debe llegar a los barrios, comunas y corregimientos, donde ejercen control las organizaciones criminales.
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, declaró que el derecho que actualmente se está viendo más vulnerado en la ciudad es el de la vida, debido a los asesinatos selectivos, el lanzamiento de artefactos explosivos y los atentados contra la fuerza pública.
En este sentido, recordó que el papel de la fuerza pública debe ser el de velar por la seguridad de los nortesantandereanos.
“Hasta el momento la fuerza pública ha cumplido con el respeto a los derechos humanos y ese es el llamado que seguimos haciéndole a las autoridades. Sin embargo, para contrarrestar la violencia es necesario que enfrenten con contundencia a las bandas criminales que tanto daño hacen y que no tienen contemplación con la población civil”, reiteró.
Siga leyendo: ¿Están instrumentalizando habitantes de calle en La Parada? Capturado presunto responsable de incendio en Villa del Rosario
Por su parte, Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, reconoció que actualmente la región está ante una transgresión sistemática de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad de empresa, de cultos y de locomoción.
El veedor indicó que los hechos de violencia desafían directamente a los alcaldes de esta zona de frontera, evidenciando que los anuncios de los Consejos de Seguridad han fracasado.
Ante este panorama, Flórez destacó que las autoridades deben articular con la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público una respuesta ofensiva y estructural más allá de militarizar.
También precisó que la asistencia militar ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella no puede quedarse en un operativo reactivo que solo desplace temporalmente el delito sin desarticular los actores violentos.
Igualmente, el veedor manifestó que en este escenario militar deben existir tres límites constitucionales innegociables: no sustituir la función policial de seguridad ciudadana; mantener estricta subordinación a la autoridad civil y aplicar protocolos rigurosos que protejan los derechos fundamentales de la ciudadanía.
“También esperamos que el Gobierno Nacional, las alcaldías metropolitanas, la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, fortalezcan la presencia en terreno con inteligencia policial, investigación judicial efectiva y metas verificables que acaben con la extorsión, el sicariato y el terrorismo en nuestra frontera", concluyó.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
