El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al presidente, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ocultar temporalmente de Instagram dos publicaciones de la cuenta oficial de la Presidencia en las que aparece el mandatario caminando entre cadáveres, producto de operaciones militares.

La decisión fue adoptada como medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Santiago Osorio Marín, en nombre de niños, niñas y adolescentes del país.

En el auto, el despacho señaló que la acción busca proteger el derecho fundamental a la integridad personal de los menores de edad, quienes podrían sufrir “daño o sufrimiento psicológico” al estar expuestos a las imágenes, y advirtió que, mientras se determina si las publicaciones vulneraron las garantías invocadas, existe la necesidad de evitar que la situación empeore por la permanencia del contenido en una red social de amplia circulación.

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El despacho consideró que, mientras resuelve de fondo la tutela, es necesario impedir que las imágenes continúen disponibles públicamente, por lo que ordenó al Dapre que, dentro de un plazo de un día contado desde la notificación de la decisión, proceda con el ocultamiento de esas publicaciones.

La orden cobija las publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de la Presidencia el 2 y el 4 de septiembre de 2026, relacionadas con los resultados de las operaciones militares Azarías, en Miraflores (Guaviare) y Centinela de la Patria, en La Guajira.

Además del Presidente y el Dapre, el juzgado vinculó al proceso a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones de la tutela.

Dentro del estudio de la tutela, el despacho también les dio a los accionados un plazo de dos días para ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas relacionadas con los hechos denunciados.

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