La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay, luego de que la Corte Constitucional concluyera que el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez, se pasó de los límites que tenía como funcionario al hablar públicamente sobre el esquema de seguridad del exsenador y sobre asuntos relacionados con su familia.

La decisión fue tomada al estudiar una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. El exsenador fue asesinado durante un evento político en el barrio Modelia de Bogotá. Los hechos ocurrieron en junio de 2025.

Según la Corte, algunas de las declaraciones de Rodríguez difundieron la idea de que las actuaciones de Uribe Turbay habrían tenido alguna incidencia en las circunstancias del atentado que terminó con su vida y cuestionaron aspectos relacionados con su esquema de seguridad.

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“Las declaraciones fueron una exposición injustificada e irrazonable sobre aspectos sometidos a reserva y sobre las decisiones internas surgidas en el ámbito íntimo de la familia. Para la Sala, el exfuncionario incurrió en una falta a los deberes especiales que se le imponían en la emisión del discurso oficial dadas sus funciones”, se lee en la decisión.

Una vez ocurrió el atentado contra Uribe Turbay, entonces precandidato presidencial, las miradas se pusieron sobre las decisiones relacionadas con el esquema de seguridad que tenía asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que para ese momento estaba dirigida por Augusto Rodríguez.

Por esos días, el funcionario se refirió al caso en varios medios de comunicación. Una de esas intervenciones fue en RTVC, donde aseguró que Miguel Uribe Turbay no había solicitado el fortalecimiento de su esquema de seguridad y protección durante su etapa como precandidato.

”Hay testimonios de los escoltas que muestran cómo el doctor Miguel Uribe, lamentablemente, hizo algunas orientaciones que debilitaron su esquema de seguridad”, dijo para la época el funcionario.

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“Las afirmaciones del director de la UNP comprometen la imagen de Miguel Uribe Turbay, revictimizándolo a él y a su familia. Esto, en tanto el funcionario destacó que la víctima nunca solicitó seguridad adicional a la UNP o a la Policía Nacional, es decir, desde su perspectiva mintiéndole al país; refirió que el precandidato su campaña sin aviso, cuando, según ella sostiene, la advirtió en abril de 2024; y señaló una mala práctica al fracturar y debilitar el esquema de seguridad”, sostuvo Tarazona en la tutela.

Para la Corte, Rodríguez hizo una exposición que no estaba justificada sobre información que debía mantenerse bajo reserva y sobre decisiones que pertenecían al ámbito privado de la familia.

Además, la corporación consideró que algunas de las afirmaciones sobre la coordinación del esquema de seguridad eran inexactas. Entre otras cosas, porque desconocían que Miguel Uribe era miembro de la oposición política y las dificultades que existían para garantizar su protección.

Eso llevó al tribunal a concluir que también fueron afectados los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria del exsenador.

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El fallo le da un plazo de un mes a la UNP para actualizar sus protocolos y dejar claro qué información relacionada con la ejecución de los esquemas de protección debe mantenerse en reserva, especialmente cuando está vinculada con la vida familiar de las personas protegidas.

La Corte también ordenó responder de manera completa y clara la solicitud de rectificación presentada por María Claudia Tarazona y pidió adoptar medidas para evitar una posible revictimización de ella y de su familia.

Finalmente, exhortó a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría a trabajar conjuntamente en un mecanismo de seguimiento para las medidas de protección de personas de la oposición política que se encuentren en situaciones de alto riesgo.

Con información de El Colombiano.

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