Cada vez que Colombia enfrenta una estrechez fiscal, el debate gira alrededor de una sola pregunta: ¿subimos impuestos o recortamos gasto? Es una discusión incompleta. Existe una tercera alternativa que casi nunca aparece en la conversación pública: administrar mejor el patrimonio del Estado.

La mayoría de las empresas conoce el valor de sus activos. Sabe cuáles producen rentabilidad, cuáles permanecen ociosos y cuáles conviene vender o concesionar para financiar nuevas inversiones. En el sector privado, ninguna organización seria gestiona únicamente su flujo de caja.  Los gobiernos, en cambio, suelen concentrarse en administrar presupuestos anuales mientras ignoran el inmenso balance general que poseen. El resultado es un país rico en activos, pero pobre en su capacidad para convertirlos en bienestar.

Colombia es propietaria de miles de hectáreas de tierra, edificios, carreteras, aeropuertos, puertos, redes eléctricas, espectro radioeléctrico, participaciones accionarias, derechos mineros, entre muchos activos. Muchos de esos generan retornos muy inferiores a su potencial de valor publico; otros permanecen completamente subutilizados.

Singapur creó Temasek para administrar las participaciones del Estado bajo criterios empresariales. Hoy gestiona un portafolio superior a los 300.000 millones de dólares. Noruega transformó las rentas del petróleo en el mayor fondo soberano del mundo, con activos de 1,8 billones de dólares. Abu Dhabi, a través de ADIA, administra con una visión de largo plazo que trasciende los ciclos políticos. Ninguno de estos países confunde administrar patrimonio con privatizarlo; entendieron que la propiedad pública también exige disciplina financiera. 

Administrar patrimonio no significa privatizarlo, sino gestionarlo de manera inteligente para aumentar su valor económico y social. Por ejemplo, la creación de las concesiones de cuarta generación revolucionó la infraestructura vial sin que el Estado tuviera que financiar cada kilómetro de carretera. Antes de un incremento radical de impuesto o el fin de los subsidios sociales, se podría construir una política nacional de gestión de activos públicos.

El primer paso consiste en saber exactamente qué tenemos y cuánto vale. Aunque existen inventarios parciales, el país todavía carece de una visión consolidada de su patrimonio. Sin información precisa resulta imposible priorizar inversiones, monetizar activos, o preservar estratégicamente.

También se debe separar la gestión patrimonial de la política cotidiana. Un edificio público ubicado en una zona de alta valorización no necesariamente debe seguir cumpliendo la misma función durante décadas. Una participación accionaria minoritaria puede generar más valor si se reorganiza. Un terreno improductivo podría convertirse en vivienda mediante asociaciones con el sector privado.

El país necesita medir el rendimiento de sus activos con el mismo rigor con que mide el recaudo tributario. Cada peso inmovilizado en un activo improductivo representa un costo de oportunidad para construir infraestructura social. Colombia seguirá necesitando una política fiscal responsable, pero la verdadera riqueza de una nación no depende únicamente de sus ingresos. Depende, sobre todo, de su capacidad para convertir su patrimonio en prosperidad para las próximas generaciones.

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