Al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, considero importante hacer una mirada a nuestro pasado para tratar de entender lo que sucede.
¿De dónde venimos? Nuestra sociedad ha estado atravesada en su historia por una persistencia de violencias, tanto públicas (incluida allí la denominada violencia política) como privadas (interfamiliares, incluidas las de género, con niños, niñas y adolescentes, en la educación, en el trabajo, en fin en la vida cotidiana), asociadas las dos de una parte a una cultura política dogmática, excluyente, intolerante, refractaria a la convivencia democrática, pero también a una débil construcción de Estado-Nación con instituciones parcializadas y poco capaces de canalizar las demandas sociales, ni de controlar el territorio y a desbalances socioeconómicos estructurales que han estado en la base de las profundas inequidades y exclusiones sociales.
En ese contexto surge a mediados del siglo pasado el conflicto armado con multiplicidad de actores insurgentes –donde cada uno siguió su propio camino con escaso interés en agruparse con los otros y con presencia regional diferenciada- y también contrainsurgentes y una Fuerz
a Pública con débil capacidad, en esa época, para lograr un monopolio de la fuerza. En todo lo anterior está la explicación de la persistencia de nuestro conflicto armado, incluida la aparición posterior del narcotráfico, especialmente con los cultivos de uso ilícito.
¿Dónde vamos? El camino intentado por los distintos gobiernos –que ha sido diferenciado, entre otras por la tentación ‘adanista’ de cada nuevo gobierno y la poca propensión a construir sobre lo construido- ha sido combinar el enfrentamiento con la Fuerza Militar y Policial y ensayos de concertación, para llegar finalmente a lo que podemos denominar un modelo de ‘paz parcelada’ –‘paz a destajo’ la denominarán otros- con las distintas insurgencias, iniciando con los primeros acuerdos hace más de treinta años entre el Gobierno Barco y el M-19, seguido de acuerdos con otras insurgencias, con milicias, especialmente en Medellín y luego con los grupos de autodefensa o paramilitares, hasta llegar al intento del Gobierno Santos de cerrar el conflicto armado, pero que se quedó sólo en el Acuerdo con la insurgencia más grande, desde el punto de vista de su capacidad militar, pero finalmente un acuerdo parcial más, porque desafortunadamente seguimos pendientes de llegar a una fórmula con el ELN y con remanentes de otras insurgencias.
¿Cuáles son los pendientes? El primero de ellos es implementar en su integridad el Acuerdo con las FARC y en primerísimo lugar garantizar que a los reincorporados no los asesinen –por supuesto tampoco a las y los líderes sociales-, avanzar en el tema de reforma rural integral y eliminación concertada de los cultivos de uso ilícito, participación política y social y que los mecanismos del Sistema Integral de Justicia y Paz continúen adelantando su trabajo y claro reconociendo que ha habido avances en la implementación –tenemos Estatuto de la Oposición, curules para las víctimas, curules para los delegados del partido Comunes, apoyos a la reincorporación de excombatientes, emisoras comunitarias, reparación de víctimas… pero debería ser mucho más-. Y hay que volver a retomar las conversaciones con el ELN.
Adicionalmente debemos diseñar estrategias para someter a la justicia y desmovilizar a los grupos de crimen organizado ligados a tráficos ilícitos y adelantar un trabajo persistente de mediano plazo para promover cambios en la cultura que lleve a todos los colombianos a no aceptar la violencia como mecanismo para resolver ningún tipo de conflicto, a tener una relación respetuosa entre los géneros, a respetar la diferencia y los derechos de los demás y de esta manera podemos acercarnos a una sociedad que deja atrás las violencias.
