A principios de semana, la alcaldesa de Bogotá afirmó que “debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos tres meses más” y agregó que debemos “prepararnos para apagar nuestra economía tres meses para que produzca solo lo básico”. A López se le fueron las luces y gravemente.
Porque cualquier anuncio sobre la prolongación del confinamiento debe darlo solo el Presidente, el único competente; porque en este momento no hay información suficiente para tomar semejante decisión; porque la propuesta genera aún más angustia y temor en una población que tiene ya mucho miedo; porque la prolongación de la cuarentena general debe ser la última de las opciones, solo si no hay alternativa; finalmente porque “apagar la economía” tendría un costo probablemente peor que el de la pandemia.
En el siglo XXI Colombia ha hecho un avance muy importante de reducción de la pobreza, tras dos décadas de crecimiento económico sostenido y de fortalecimiento de las redes de protección social. Los pobres pasaron de ser el 50 % del total en 1999 al 27 % en 2018 y la pobreza extrema bajó del 22 % al 7 %. Y el coeficiente Gini, indicador que mide la desigualdad en el ingreso, pasó del 0,60 en 1999 a 0,52 en 2018. En consecuencia, tenemos una clase media equivalente al 30 % de la población y, desde el 2014, es mayor al total de pobres.
Hasta acá muy bien, pero presumo que el lector de esta columna no es pobre (un pobre no puede comprar un periódico). Y también que no sabe que en Colombia, según el director del DANE, “si una familia [de cuatro miembros] genera más de un millón de pesos ya no es pobre”. Vaya usted a saber cómo puede no ser pobre quien vive con $250.000 al mes, pero… El punto es que de los 22.4 millones de empleados que hay en el país solo el 12% gana más de dos salarios mínimos y el 47% recibe apenas un salario mínimo. Es decir, nuestra clase media, que ha crecido y mucho, está pegada con babas.
Como resultado de la crisis, Fedesarrollo prevé que, en el mejor de los casos, la economía colombiana crecerá este año un 2.3% y, en el peor, entraremos en recesión y decreceremos un -0.4%. Si nos fuera muy bien, el desempleo saltaría del 10.5% al 13.3% y, en el escenario pesimista, al 19.5%. Cada punto equivale a 240 mil personas, es decir, perderán su empleo entre 672.000, como mínimo, y 2.160.000 personas. El grueso de ellos estará en el 87% que gana dos salarios mínimos o menos, los más vulnerables. La mayoría caerá en la pobreza. Y muchos arrastrarán consigo a su núcleo familiar que, en nuestro país, es en promedio de cuatro personas.
Por otro lado, el 96% de las empresas en Colombia son mipymes y el 80% de los trabajos provienen de ellas. Según JP Morgan, en Estados Unidos el 50% de las pyme puede “resistir” en promedio 27 días sin facturación. El 25% se quiebra a los 13 días sin liquidez. Y solo el 25% aguanta más de 60. Números para un país rico con muy poca informalidad, facilidad para acceder al crédito bancario a tasas de interés muy bajitas y una carga fiscal mucho menor. En Colombia son muy pocas las mypimes que aguantarán una prolongación de la cuarentena general.
Ahora, si la crisis se aborda desde la informalidad el asunto es aún peor. Alrededor del 47,3% de los colombianos son informales. Muchos al día. Ciudadanos que si no salen a la calle no tienen para comer. Una tragedia. Y si, las ayudas sociales alivian algo, pero ni llegan a todos los que hoy las necesitan ni son suficientes ni si se pueden sostener en el tiempo.
De manera que la propuesta de Claudia López es inviable. La prolongación de la cuarentena general solo debe darse si los mejores epidemiólogos encuentran que es la única opción para evitar el colapso del sistema de salud, si al ponderar sus costos económicos son menores que los de las medidas alternativas, y después de desechar por excesivas en su impacto en la salud las herramientas graduales, escalonadas y proporcionales.
